Una de las imágenes de la campaña de la Plataforma ‘No al préstamo de pago en bibliotecas’.
Por Rubén Madrid
Cuenta Blanca Calvo, la que fuera directora durante tres décadas de la Biblioteca Pública de Guadalajara, que cuando hace diez años se inauguraron las instalaciones del Palacio de Dávalos, la entonces ministra de Cultura, la socialista Carmen Calvo, no acudió a la cita aunque había anunciado su presencia. Oficialmente se aportó alguna justificación peregrina que ni siquiera hoy se recuerda. La sospecha, en realidad, fue que no quiso compartir foto, mejor dicho cartel, con una enorme pancarta andante que, en el traslado de los mil últimos libros del Infantado a Dávalos, expresaba un rotundo «no al préstamo de pago en las bibliotecas».
La batalla contra el denominado canon bibliotecario viene de lejos, desde que hace ya más de veinte años a alguna comisaria escandinava se le ocurrió imponer este copago, o repago, por los libros que se prestan en las bibliotecas. Guadalajara, en gran parte por figuras como las de las bibliotecarias Calvo y Eva Ortíz, ha sido desde entonces la punta de lanza de un movimiento, bautizado como marea amarilla, que ha incomodado a sucesivos gobiernos cada vez que han amenazado con trasplantar la medida animada desde Bruselas.
Por eso Carmen Calvo prefería evitar el bochorno en público. Y por eso la aplicación de la medida se ha ido demorando hasta que ahora el Ministerio de Cultura de Wert la ha puesto en marcha a través de un decreto que tiene fecha de 18 de julio y que fue publicado en el BOE el 1 de agosto. Hay quien ha definido la oportunidad de las fechas, no sin razón, como ‘agostidad’ y alevosía.
En la práctica se ha dado luz verde al copago de los derechos de autor de los libros, incluso de aquellos cuyos escritores descansan ya en los panteones de las glorias literarias: obliga a las bibliotecas de los municipios de más de 5.000 habitantes a pagar dos veces estos derechos de autor: la primera, cuando adquieren el libro, como ya estaban haciendo; la segunda, en unas complejas fórmulas de cálculo de número de usuarios y ejemplares (con variaciones antes y después de 2016), según establece un reglamento que ha causado confusión y que, por cierto, el Ayuntamiento de Azuqueca llevará ante el Tribunal Supremo.
Estanterías con libros en la Biblioteca Públia de Guadalajara. // Foto: R.M.
Se entiende, con cierto sentido común (pero ya hemos dicho otras veces que el sentido común no es siempre el más sagaz de los sentidos), que si un libro se toma prestado de una biblioteca no se vende en una librería. Habría, por tanto, que compensar a los creadores. Pero es esta una verdad a medias. Con la misma lógica se puede decir que ese mismo libro que no se lee tras tomarlo prestado en la biblioteca tampoco se comprará en las librerías, tal vez porque el autor todavía no merece la confiana del lector, quizá porque el lector no está en condiciones de realizar el desembolso, que para casi todas las novedades ronda ya las 3.000 de las antiguas pesetas incluso para libritos de menos de 150 páginas. Hay quien se las está viendo ya tan putas que, parafraseando a Lorca, no tiene ya ni para medio pan ni medio libro.
Ningún amante de la lectura puede oponerse a que los autores cobren por su trabajo y así puedan seguir desarrollando una carrera sólida. Pero es que no se trata de eso. De hecho, que muchos escritores se opongan a este canon y que tan buenos amigos de tantos y tan buenos creadores, caso en la provincia de la propia Blanca Calvo, se opongan a la medida descarta también que el debate remita a buscar fórmulas para contrarrestar un supuesto perjuicio que ocasionarían estos centros en la necesaria remuneración de los autores.
Resulta interesante recordar la oposición a esta medida del añorado José Luis Sampedro, que algo tendría que decir como novelista y como economista sobre el asunto: «En la vida corriente el que paga una suma es porque: a) obtiene algo a cambio; b) es objeto de una sanción.Y yo me pregunto: ¿qué obtiene una biblioteca pública, una vez pagada la adquisición del libro para prestarlo? ¿O es que debe ser multada por cumplir con su misión, que es precisamente ésa, la de prestar libros y fomentar la lectura?». En su recomendable texto en contra del canon, ‘Por la lectura’, se preguntaba si nuestras autoridades prefieren escritores «más ricos pero menos leídos» y confesaba que, como autor, se alineaba con quienes entienden que son deudores de la labor de las bibliotecas, y no al revés.
Blanca Calvo, en el centro, una de las figuras que más ha batallado contra el canon. // Foto: Facebook de «Yo AMO las Bibliotecas Públicas».
Pero también hemos defendido aquí el papel providencial que juegan las bibliotecas como pegamento social y como estilete cultural. Hemos hablado de la espiral de la cultura, aunque se habla mucho menos de ella que de la espiral de la violencia. Las bibliotecas son el cuartel general de una ofensiva literaria: ¿cuántos no hemos empezado una gran amistad con un escritor después de un primer encuentro en el Infantado o en Dávalos, después de buscar sus libros en los estantes tras una recomendación, una crítica de prensa o por pura casualidad? ¿Cuántos escritores no son más leídos (y, a la larga, más ‘comprados’) por la presentación de su primer libro en un salón de actos de una biblioteca, por una conferencia organizada en un ciclo de actividades de estos centros públicos, por una sesión de cuentacuentos que se gana la fidelidad casi vitalicia de padres e hijos, por un club de lectura que nos hace leer con mucha más atención y cariño uno de los títulos de un poeta o un novelista? Sobra decir que muchas, muchísimas.
Decimos todo esto sin tremendismos desorbitados. No hemos titulado este artículo ‘Canon el bárbaro’ o algo así. Pero obligará, por supuesto, a recortar la inversión para fondos bibliográficos en todos los centros, aunque sólo sean unas decenas de libros en bibliotecas como las de Azuqueca, Marchamalo, Cabanillas o Villanueva de la Torre. No nos vamos a poner estupendos ni vamos a rasgarnos las vestiduras diciendo que se trata del peor de los abusos que se han cometido, más todavía con el rosario de agravios y recortes que nos están cayendo. Me parece excesivo, como he leído a algunos dirigentes regionales de IU, que por esta razón vayan a cerrar bibliotecas. Desde luego que cerrarán, pero porque esta medida se suma a otros motivos de mucho más peso.
Lo que sí supone este decreto es una injusticia innecesaria, una medida de la que antes que los escritores se beneficia su sociedad de autores (Cedro, una prima hermana de la SGAE), un ladrillo más en el muro que se interporne entre el ciudadano y la inestimable función de acceso a la cultura que cumplen las bibliotecas, en algunos casos como Dávalos de manera sobresaliente. La aprobación de este decreto, habiendo alternativas para encajar el dictado de Bruselas según los expertos (quien quiera profundizar puede echar un vistazo a este post de Biblioblog), resulta un síntoma de la victoria que cada día se apunta esa forma de entender la cultura que prima los intereses particulares sobre los intereses generales.
El canon bibliotecario supone otro revés a la cultura de una comunidad autónoma que, por más que presuma de El Greco y del Quijote, amordaza muchas veces hasta la asfixia a su tejido asociativo, incluidas no pocas pequeñas empresas, y al público con menos posibles. En plena zozobra económica cabría esperar dirigentes apasionados de la cultura y que despuntasen en su gestión, pero nos hemos topado con la apatía o la incapacidad -la inutilidad, en cualquier caso- de dirigentes como el albaceteño Marcial Marín, que sin duda es el peor consejero de Cultura que ha tenido Castilla-La Mancha. Pero su batalla es otra: hacer de las corridas de toros la octava maravilla del mundo.
Decíamos que el canon, sin ser dramático, es sintomático. Lo es, como el cierre del Moderno, como las trabas de nuestros gestores a las compañías escénicas de nuestra tierra, como la pérdida de citas como el Arcipreste de Hita o el Titiriguada, como la indiferencia de las autoridades regionales y estatales a nuestro evento cultural más importante -el Maratón de Cuentos-, como la retirada de ayudas a las familias para los comedores escolares, como el demencial incremento de las tasas de matriculación universitaria, como la disminución de las ayudas para las asociaciones culturales, como el cobro a asociaciones sin ánimo de lucro del uso de espacios públicos, como el cierre de colegios rurales o de la escuela de adultos en Guadalajara, como el encadenamiento de decisiones que ya ha llevado al cierre precisamente de 42 bibliotecas de la región (cinco en nuestra provincia)…
La instauración del canon, como tantas de estas otras decisiones que a menudo hemos señalado en este blog, pretende justificarse con sus propios sinsentidos comunes pero demuestra, una vez más, la contraproducente estrategia desplegada precisamente por los encargados de defender los recursos e infraestructuras de todos. Sucede con casi todas las áreas de gestión, lo sabemos, pero ¡coño!, ¡qué ojeriza tienen con la cultura!
El hexágono de Guadalajara 