Ley y memoria de los ausentes

Por Gloria Magro.

…Dispuestos a luchar hasta agotar el ultimo cartucho, dispuestos a defender las libertades populares marchamos decididos a no terminar la lucha hasta derrotar al enemigo. Pueblo de España en pie; mujeres defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo… Discurso de La Pasionaria, Cine Olympia. Madrid,1936.

Tres hermanos acudieron a escuchar las encendidas palabras de Dolores Ibárruri en Lavapiés al inicio de la Guerra Civil y poco después se alistaron en su batallón dispuestos a defender a la República: Carmelo Marín Martínez tenía 18 años, Agustín 20 y Francisco, 22. La pista de dos de ellos se pierde en la Batalla de Sigüenza. Tras la caída de la ciudad, los prisioneros fueron trasladados al campo de concentración del cuartel de Santa Clara en Soria. Muchos volvieron como trabajadores forzados en la reconstrucción de la catedral pero otros se quedaron por el camino, sembrando los campos y las fosas comunes.

La misma semana en que se ha aprobado la Ley de Memoria Democrática, la asociación Recuerdo y Dignidad realizaba una prospección para intentar localizar en el cementerio municipal de Soria los restos de varios de aquellos desaparecidos, entre ellos los hermanos Marín Martínez, así como la llamada Fosa de los Ilustres.

Foto: Maribel Dorado Marín

El viento y el frío propio de finales de octubre acompaña en el cementerio municipal El Espino a los investigadores de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y a los miembros de la Asociación Recuerdo y Dignidad. La lluvia azota con fuerza a los presentes, entre ellos a la sobrina de Carmelo y Agustín Marín Martínez, Maribel Dorado, que se ha desplazado hasta Soria para presenciar la inhumación. La incertidumbre que ha acompañado a su familia durante más de ochenta años. El acto es público, abierto a quien quiera presenciar la excavación, una lección de historia del fascismo en España apenas a unos metros bajo tierra. Un grupo de alumnos de Instituto la contempla con su profesor. Sin embargo, la prospección resulta infructuosa junto a la muralla de Valobos, anexa al actual crematorio. Bajo el mismo cielo inclemente se reanuda al día siguiente, ya en la parte alta, pero el resultado es el mismo. El cementerio ha sufrido distintas intervenciones a lo largo de los años y desde la Asociación conjeturan ya que no será posible encontrar los restos de los represaliados que han permanecido allí enterrados de forma anónima y oculta desde la Guerra Civil.

Los investigadores sabían que las posibilidades de tener éxito eran escasas y pese a ello consideran que es «una actuación necesaria para poder cerrar un oscuro capítulo de la historia de nuestra ciudad». Se trataba del segundo intento de localizar no solo la conocida como Fosa de los Ilustres, sino también otra gran fosa común en la que se ocultaron los restos mortales de más de una veintena de víctimas del franquismo. Entre ellas los investigadores habían identificado a un seguntino y al herrero de Jadraque de la época, Clemente Domínguez.

En torno a estos sucesos y a la fosa, Recuerdo y Dignidad ha realizado una exhaustiva investigación que una vez publicada dará a conocer el modus operandi de los asesinatos. Fusilados como Juan Antonio Gaya Tovar, médico, profesor y secretario del Instituto Antonio Machado. El día de su fusilamiento llevaba en el bolsillo una resolución de la Autoridad Judicial Militar de Zaragoza en la que se le declaraba exento de responsabilidad por los hechos que motivaron su detención, que se produjo cuando acudía a atender a un herido. Después de muerto, se embargaron sus bienes y se le imputaron responsabilidades políticas, se puede leer en El Diario.es. Como él, el alcalde de Ágreda, un fotógrafo y director de periódico, un practicante y el jefe de Telégrafos, entre otros.

Y también podrían estar los tíos más jóvenes de Maribel Dorado. Las investigaciones del Foro por la Memoria de Guadalajara la han conducido hasta aquí, demasiado tarde ya para su abuela, que nunca dejó de llorar a sus hijos desparecidos. «Las esperanzas de encontrar a mi tío mayor las tengo perdidas, pero si quería encontrar a los dos pequeños -explica-. Mi abuela falleció con 92 años sin saber nada y llorando todos los días por sus hijos. Tengo grabada una frase de ella, todas las noches de su vida los recordaba: hijos míos de mis entrañas donde estaréis».

La historia de su familia quedó marcada por estas desapariciones. «Mi abuelo murió a los 4 meses de que se fueran sus hijos -prosigue-. Ella se quedó sin medios y con la obsesión de saber donde estarían. No pudo enterrar a su marido, que fue a la fosa común, pero siempre deseó tener una sepultura donde descansar con sus hijos». Como madre de desaparecidos también tuvo que luchar por obtener una pensión en los años 1980, una vez se concedieron reparaciones a los soldados republicanos y a sus familias. «Con ese dinero, una pensión principal y dos secundarias, después de solicitar a Tierno Galván una sepultura la conseguimos en La Almudena por intercesión personal suya». Allí serían conducidos los restos de Carmelo, Agustín y Francisco Marín Martínez, de aparecer.

Solo de la Batalla de Sigüenza, el Foro por la Memoria de Guadalajara acredita a partir de de documentos militares de la época la desaparición de 157 prisioneros, lo que a juicio de esta organización puede tratarse de «un crimen de guerra», hechos que por resolución de la ONU no prescriben. La Asociación trasladó esta información al relator especial para desapariciones Forzosas, Ariel Dulitski. «La ONU recogió la información, lo que supuso un importante paso, pues se trata de pruebas de un caso flagrante de desapariciones forzadas, pero recordó que es el Estado español el encargado de investigar estas desapariciones«, afirmaba en su día Xulio García, responsable del Foro a El Mundo.

Hasta ahora, han sido asociaciones privadas las que han llevado a cabo las búsquedas y también las inhumaciones, habiendo de correr los familiares en caso de haberlos con las pruebas de ADN, sin el recurso al amparo de la justicia al estar prescritos los casos para la legislación española.

La Ley de Memoria Democrática entró en vigor el pasado día 21 de noviembre y su texto se puede consultar en el B.O.E. Se basa en los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, así como en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres, como reza el comunicado de Presidencia del Gobierno. Para el ministro de presidencia y memoria democrática, Félix Bolaños, con esta ley «pasamos definitivamente página de la etapa más negra de nuestra historia, de la Dictadura y de la Guerra Civil, y abrazamos y reivindicamos lo mejor de nuestra historia, a las personas que lucharon por la democracia, por la Transición, por la Ley de Amnistía y por la Constitución». Para el ministro, la Ley de Memoria sitúa a España al mismo nivel que otras democracias europeas y ajusta a nuestro país a los principios de derecho internacional.

La nueva ley es el paso más grande que se ha dado en este sentido durante el último periodo democrático en España, y sin embargo, no supone una reparación o un marco legislativo completo. Xulio García Bilbao, del Foro por la Memoria de Guadalajara, así lo cree. «Muchas asociaciones de memoria histórica denunciamos desde que se promulgó la ley, en 2007, que era  insuficiente y por supuesto dejaba a las víctimas lejos de su derecho de acceso a la justicia. No tenía un reglamento aprobado para desarrollarla y eso nos trajo muchos problemas«, explica. «En mi asociación -prosigue- la Federación Estatal de Foros por la Memoria, elaboramos un proyecto alternativo de ley de víctimas del franquismo que equiparara a las víctimas de la dictadura con las víctimas de cualquier otra naturaleza. La llegamos a presentar en Guadalajara en 2015, cuando nos reunimos 60 asociaciones de todo el Estado español y redactamos un documento reivindicativo que se resumía en 16 puntos que entregamos a todos los partidos políticos de cara a las elecciones de este año»

Los principales puntos de La Carta de Vicálvaro, como se llamó al documento, eran anulación de la Ley de Amnistía de 1977 y el cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. En el año 2020 se reunieron con la ministra Carmen Calvo «e incluso consideramos que el que se plantearan una nueva ley ya era un triunfo en sí mismo porque demostraba que la anterior ley de 2007 estaba obsoleta en muchos aspectos«.  Xulio García Bilbao afirma que el Gobierno aceptó introducir varios cambios en el texto tras un proceso abierto a la participación ciudadana. Entre ellos, el cambio de ilegal a ilegítimo en el artículo 5, en el tema de la nulidad, «aunque sea un término que en este caso este vacío de contenido por qué no tiene consecuencias jurídicas«, precisa.

Como experto en la búsqueda en archivos militares de personas desaparecidas en la guerra, así como en localizar fosas y rastrear causas judiciales de la Guerra Civil y la represión posterior, García Bilbao cree que la nueva ley es un avance, «pero incurre por desgracia en algunas faltas fundamentales para nosotros. Enuncia mejoras que realmente no lo son. Por ejemplo dice que se van a anular la sentencia judiciales pero no es cierto, es una simple declaración que no tendrá consecuencias jurídicas. Así que en realidad esa reparación es solo moral». Por otra parte, no conlleva reparaciones económicas, explica.

Otro punto en el que la nueva ley no da respuesta a las demandas de las asociaciones memorialistas, según señalan éstas, es el referido a la búsqueda de desaparecidos. «Reivindicábamos que fuera el propio Estado el que se encargara de la búsqueda pero vemos que no es así. La ley crea una fiscalía de sala que se limita a hacer una investigación sin consecuencias jurídicas. El derecho de las víctimas de acceso a la justicia no existe en esta nueva ley», señala el responsable del Foro por la Memoria de Guadalajara.

Las asociaciones apelan a que se desarrolle cuanto antes el reglamento de la nueva Ley de Memoria, incluyendo la creación de un banco de ADN, así como un régimen sancionador para quienes no cumplan la ley. «En materia de justicia la ley es muy deficiente y eso sigue siendo una gran asignatura pendiente. La impunidad de los crímenes de la dictadura permanece. Y permanece el modelo privatizado de exhumaciones en el cual son los propios familiares y las asociaciones y universidades los que se van a encargar de llevar a cabo esas exhumaciones«, aclara Xulio García Bilbao.

Siguiendo las vías del tren desde Sigüenza a Soria los campos están sembrados de muertos, represaliados cuyo nombre se quiso borrar de la Historia, como el de Abundio Andaluz, vicepresidente de la Diputación de Soria, localizado en 2017 por la Asociación Recuerdo y Dignidad con ayuda del pastor que encontró su cuerpo, le dio sepultura y ubicó el lugar para que no se perdiera.

Seguirán siendo familiares y asociaciones privadas los que prosigan la búsqueda y lleven a cabo las exhumaciones de los cuerpos, meras reliquias arqueológicas sin culpables pese a la nueva ley, la más avanzada que ha habido hasta ahora en España en materia de Memoria Histórica y Democrática.