Consultas vecinales sí, pero no así

Por Raquel Gamo

La convocatoria de consultas vecinales como fórmula para dar voz a la sociedad sobre cuestiones políticas resulta, a priori, positiva. Es, sin duda, una forma de acercar la política a la gente, de implicar a los vecinos en la “res publica”, más allá de la participación en unas elecciones cada cuatro años. Las consultas potencian la participación democrática y favorece la transparencia de la gestión local. Algo de lo que muchos ayuntamientos de España adolecen.

Sin embargo, el método consultivo no tiene demasiado arraigo en España y es producto de una nueva forma de hacer política impulsada por partidos de izquierda. Y los datos hablan por sí solos: en casi 40 años de democracia, el Gobierno solo ha autorizado 35 consultas, todas ellas municipales, a excepción del referéndum para el Tratado de adhesión a la OTAN en 1986 y el de la Constitución Europea en 2005. La naturaleza de estas dos consultas dista mucho de las que ahora han empezado a promover los llamados “ayuntamientos del cambios”, esto es, los gobernados por Podemos y sus confluencias o en aquellos en los que el PSOE depende de estas fuerzas. El objetivo, en cambio, es básicamente el mismo: que el pueblo se pronuncie sobre un asunto de especial interés o trascendencia.

España en esto sí sigue siendo un rara avis en Europa. En países como Italia –donde casi todas las elecciones generales se hacen coincidir con referéndums de distinto pelaje- o Suiza existe una dilatada tradición a la hora de organizar consultas sobre todo tipo de temas que atañen a la vida cotidiana de sus ciudadanos: nucleares, limitación de casas de segunda residencia, deducciones fiscales… También se da el caso estrafalario de aquellos países que, como Irlanda, someten a votación la conquista de derecho civil como es la legalización del matrimonio homosexual.

En nuestro país, todos los gobiernos han sido reacios a habilitar referéndums, tal vez por un miedo cerval o por falta de cultura democrática. Ahora la costumbre aspira a arraigar en el ámbito municipal. Y Guadalajara no es una excepción.

Votación en la consulta celebrada en Cabanillas sobre los toros. // Foto: Europa Press

Votación en la consulta celebrada en Cabanillas sobre los toros. // Foto: Europa Press

En Cabanillas del Campo se celebró en marzo una consulta vecinal impulsada por el grupo Vecinos de Cabanillas, que no forma parte del equipo de gobierno, sobre si el ayuntamiento debía seguir financiando los espectáculos taurinos.

La iniciativa, en principio loable por velar por un uso correcto del presupuesto, estuvo rodeada de controversia porque ni el recorte del dinero destinado a festejos taurinos ni el de hacer una consulta sobre ello figuraban en los programas electorales de ninguno de los partidos que se presentaron a las elecciones municipales pasadas. Así que PSOE, IU y Vecinos por Cabanillas tuvieron que negociar sobre el formato de la votación y acerca del índice de participación mínimo para considerar a esta consulta no jurídicamente, pero sí moralmente vinculante. El alcalde transigió y quedó fijado en un 25%, un porcentaje muy por debajo de la media de participación electoral.

La votación se produjo el 18 de marzo, pero sólo participó un magro 10% del censo de Cabanillas, si bien el 60% de los votantes lo hizo en contra de que se sufragaran los festejos taurinos. La componenda a la que llegaron el alcalde de Cabanillas, José García Salinas, y los dos grupos que le apoyan fue renunciar a la supresión de los festejos taurinos a cambio de reducir su dotación económica. A lo largo de todo 2015, según datos de la Alcaldía, el Ayuntamiento de este pueblo campiñero se gastó en eventos festivos unos 210.000 euros. Los toros costaron 55.000 por tres tardes en los que la plaza portátil que se monta no llegó ni a media entrada.

La decisión del consistorio de Cabanillas parece estar cargada de lógica, aunque teniendo en cuenta la exigua participación cabe preguntarse si el asunto en cuestión merecía la pena ser sometido a votación o si, por el contrario, este tipo de fórmulas deberían estar reservadas para temas más relevantes. También en Torrejón del Rey se llevó a cabo una consulta similar –y también sobre los toros- con el inevitable resultado de enconar las posiciones, aunque allí el resultado sí arrojó una mayoría a favor de seguir costeando los festejos taurinos.

Las consultas vecinas son positivas si sirven para alimentar el debate sobre asuntos realmente estratégicos, en este caso, para el municipio en cuestión; y si no se convierten en un sumidero para descargar responsabilidades de los diferentes responsables municipales. Se supone que los partidos, en un sistema electoral en el que aún rigen las listas cerradas, se presentan a las elecciones con un programa local específico. A partir de ahí, es el Pleno el órgano soberano para tomar las decisiones. Si lo que se quiere es pulsar la opinión del ciudadano, parece razonable hacerlo sólo en circunstancias que sí estén justificadas. Pero no para delegar las fobias personales o del grupo municipal en cuestión, que es la impresión que trasluce en Guadalajara a raíz de la obsesión de algunos partidos con la matraca de los toros.

Así que consultas vecinas sí, pero no así. Elegir bien el asunto de votación o la pregunta no son asuntos baladíes. Porque, en caso de no acertar, el invento de las consultas populares puede volverse en contra. Es lo que le está ocurriendo al Ayuntamiento de Madrid alrededor del denominado “proceso de participación” en el proyecto de reforma de la plaza España. El consistorio presentó a bombo y platillo la votación en internet, animó al personal y lo presentó como un hecho insólito en la capital. Y sí, ciertamente lo es. Y el fin es loable. Pero los resultados dejan mucho que desear. Primero porque el método elegido ha generado un enfado considerable en asociaciones y sectores no precisamente desafectos a Carmena y su grupo, y segundo por la participación es raquítica: sólo ha votado el 1,6% de la población de Madrid.

Así que lo que podía ser una vía para implicar a los madrileños en la política de su ciudad se está convirtiendo en un obstáculo para la toma de decisiones sobre el futuro de una plaza emblemática y clave en el engranaje del centro de Madrid. El resultado ahora es que la ciudad no dispone de un proyecto definido, ni de un presupuesto cerrado, ni de un calendario de obra establecido. Y el Ayuntamiento de Madrid ya ha agotado un año de legislatura solo en poner en marcha este pretencioso mecanismo participativo.

Participar, votar, implicarse. Son verbos que casan con la democracia. Habrá que seguir su evolución, pero de momento las consultas vecinales parecen más cargadas de buenas intenciones que de resultados prácticos, a la vista de la abstención generalizada en las poblaciones en las que se han puesto en marcha. La idea es buena, pero hay que afinarla.

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