Rebelión en la granja de Riofrío

Por Raquel Gamo

Los vecinos de los municipios del valle del Río Salado, a caballo entre Sigüenza y Jadraque, se encuentran en pie de guerra contra la ganadería porcina. El conflicto comenzó cuando en 2015 se conoció el proyecto de un empresario de la comarca de instalar una granja intensiva con más de 1.500 cabezas de cerdo en las inmediaciones de Riofrío del Llano. Hasta aquí todo parece normal: atraer actividad al medio rural y, por tanto, más pobladores, como forma de impulsar el desarrollo en una zona tan deprimida como es la Sierra Norte.

Protesta de la plataforma del Valle del Salado, en Riofrío del Llano, en contra de la granja de cerdos que un ganadero promueve en este municipio. // Foto: Plataforma del Valle del Salado

Sin embargo, este tipo de explotación ganadera intensiva produce unas consecuencias devastadoras para el medio ambiente, que podrían afectar también a la salud de la población. Básicamente, por el continuo vertido de purines (residuos) sobre las tierras y los acuíferos con altas concentraciones de nitratos que contaminan las aguas hasta convertirlas, en algunos casos, en no potables. Los malos olores que sufren las localidades del entorno es otro de los perjuicios a tener en cuenta, de sobra conocido en una provincia ganadera como es Guadalajara.

Como respuesta, los habitantes de este municipio, junto a sus pedanías, Cardeñosa y Santamera, además de los núcleos cercanos de Querencia, Valdelcubo, Rebollosa de Jadraque, Santiuste, Sienes, Alcolea de las Peñas y Cincovillas, se han organizado alrededor de la Plataforma ciudadana Valle del Salado. Su objetivo: impedir a toda costa la instalación de la macrogranja por considerar que el proyecto “no cumple la normativa”.

Desde esta entidad, que ha recogido más de 1.100 firmas contra la macrogranja porcina, argumentan que la instalación no cumple con la legislación para estas naves, que determina que la distancia entre estas granjas y las poblaciones debe ser de al menos 1.000 metros. Además, creen que el proyecto no pasaría la evaluación de impacto medioambiental. El promotor solicitó la licencia en 2015 al Ayuntamiento de Riofrío del Llano. Actualmente, el expediente se encuentra en fase de estudio por parte de la Administración que, próximamente, informará al empresario si debe o no presentar el estudio de impacto medio ambiental, algo que podría dar alas al proceso para la construcción de la granja porcina.

Maite Pérez, portavoz de los vecinos de Riofrío, explica que “el proyecto se presentó como forma de crear más trabajo en la zona, cuando lo que realmente traería son perjuicios para el entorno natural y para los vecinos. Debe prevalecer la salud y el medioambiente”. En la última reunión de la plataforma, el pasado junio, a la que acudieron más de un centenar de personas, se acordó reclamar a la Consejería de Agricultura -están a la espera de un encuentro con el consejero- la reforma de la Ley de impacto medioambiental, de actividades insalubres y de la Ley de Ganadería, que regula este tipo de explotaciones intensivas. La finalidad no es otra que dificultar al máximo la proliferación de estas granjas en la provincia solicitando, por ejemplo, que se amplíe la distancia entre las naves y los pueblos a dos kilómetros y que se fije una distancia de cauce, es decir, a los ríos, de unos 100 metros.

Reunión en junio de la Plataforma del Valle del Salado. // Foto: Equo

Cabe mencionar que este requisito (distancia a los pueblos) ya estaba recogido en la legislación sobre la materia, antes de la última reforma que el Gobierno de Cospedal aprobó en 2013 para facilitar que empresas, como estas explotaciones porcinas, pudieran establecerse en las zonas rurales sin escollos ni ambages legales, bajo el pretexto de recuperar la maltrecha economía de la región por la crisis.

El Valle y Salinas del Salado forma parte de la Red Natura 2000, una distinción ecológica europea, que trata de preservar la biodiversidad de territorios singulares por su hábitat. En concreto, esta zona está catalogada como zona especial de protección de aves (ZEPA). Y es precisamente esta catalogación otra de las puntas de lanza que la plataforma comarcal argumenta para defender sus intereses. No se trata de bloquear el desarrollo del medio rural, ya de por sí castigado por la falta de recursos e inversiones. Se trata de garantizar que cualquier negocio que arranque se haga de forma sostenible respetando el medio ambiente.

En su lucha contra las granjas de cerdos, la asociación está contando con la colaboración de Ecologistas en Acción Guadalajara. Su portavoz, Alberto Mayor, advierte de los perjuicios que acarrearía la granja: “los mayores problemas son la contaminación de las aguas, la emisión de gas metano y los malos olores”. Unos efectos que, a su juicio, también perjudicarían al turismo rural y a la hostelería, aunque confía “que la fuerte oposición social eche para atrás el proyecto”, remacha.

Mientras tanto, la Junta no se posiciona. Santos López, delegado de Agricultura, asegura a EL HEXÁGONO que “el proyecto saldrá adelante si cumple la ley y supera, si es preciso, el procedimiento de impacto ambiental; si no, será descartado”.

El caso de Riofrío plantea la moderna disyuntiva de conciliar la prosperidad económica con la preservación del desarrollo sostenible. No son palabras huecas. Es un desafío en el que el medio rural se juega su futuro, más allá de las inversiones puntuales que pueda acarrear cualquier proyecto. Las administraciones deben apoyar una gestión de la ganadería  que revitalice la economía y la población, en este caso, de la comarca del Salado. Pero debe hacerlo de una forma respetuosa con el entorno y máxime teniendo en cuenta que se trata de una zona natural protegida. Hay que compatibilizar los intereses de todos los implicados. Así que no basta con hacer cumplir la ley. Quizá haya que apelar al sentido común.