El reto demográfico

Imagen de archivo de La Vereda. // Foto: Raquel Gamo

Por Raquel Gamo

“La despoblación es un tema capital”, le dijo Mariano Rajoy a Carlos Alsina en la entrevista del pasado jueves en Onda Cero. Es un paso que, en apenas tres cuartos de hora de entrevista y con la cantidad de prioridades que concurren en la agenda nacional, el asunto del envejecimiento y la dispersión geográfica en las áreas rurales centre parte del discurso del presidente. El mismo presidente, por cierto, que en sus cinco años en la Moncloa no ha movido un dedo para articular ninguna medida relacionada con este problema “capital” que dice ser la despoblación.  

En todo caso, las palabras de Rajoy subrayan un hecho empírico: por primera vez en décadas, la despoblación ha saltado a la palestra, política y mediática, más allá de la preocupación lógica que cunde en las regiones afectadas por la escualidez poblacional. Varios mandatarios autonómicos –entre ellos, el de Castilla-La Mancha- pusieron el asunto encima de la mesa en la reciente Conferencia de Presidentes, lo que dio paso a establecer una comisión mixta Gobierno-CCAA para abordar el “desafío demográfico” -tal como lo calificó Rajoy en la rueda de prensa posterior al cónclave en el Senado- en “las regiones montañosas”, un concepto, por cierto, en línea con las propuestas de la asociación Serranía Celtibérica. Hablar de regiones montañosas significa superar la barrera administrativa de las provincias y autonomías. A ello hay que sumar que el propio presidente ha anunciado esta semana que nombrará un comisionado nacional para la demografía, aunque no se sabe aún cuáles serán sus funciones.

El reto demográfico atañe tanto al suicidio rural que afecta al interior de España y la cornisa cantábrica, como al progresivo y galopante envejecimiento de la población, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del Estado de Bienestar y, particularmente, del sistema público de pensiones. Según el estudio sobre Proyecciones de la población española 2016-2006, publicado por el INE hace unos meses, de continuar las tendencias actuales, nuestro país perderá algo más de medio millón de habitantes en los próximos 15 años. En 2066, la cifra se elevaría por encima de los 5 millones de personas. Unos datos desesperanzadores que se solapan con el imparable envejecimiento de la población. De esta forma, si el grupo de mayores de 65 años representa en la actualidad cerca del 19% de la población, alcanzará el 34,6% dentro de 50 años.

Blanco y en botella, la estadística revela la urgente necesidad de que las administraciones se pongan a trabajar y tomen medidas eficaces que, al menos, ayuden a frenar la demotanasia, que es el concepto con el que Serranía Celtibérica denomina al proceso de abandono y pérdida de población en las áreas rurales, especialmente, en las comarcas más recónditas. En el caso de Guadalajara conocimos recientemente que 204 pueblos –de entre 288 que tiene la provincia- perdieron vecinos entre 2015 y 2016. Y que las comarcas más alejadas del Corredor del Henares, la Sierra y el Señorío, fueron con creces las más perjudicadas.

El caso es que, entre los acuerdos resultantes de la Conferencia de Presidentes, Rajoy y los dirigentes autonómicos pactaron abordar una “estrategia nacional frente al reto demográfico”. Fue el segundo punto que señaló Rajoy en una lista de diez acuerdos. La verdad es que ni el presidente del Gobierno ni el resto de mandatarios fue muy explícito a la hora de especificar exactamente en qué va a consistir esta estrategia. Entre otras cosas, porque aún no lo saben. Pero representa un cierto avance que entre las prioridades a encarar por parte del Estado, la despoblación sea una de ellas. Nunca antes había ocurrido.

Rajoy y el Rey junto a los mandatarios autonómicos que acudieron a la VI Conferencia de Presidentes el pasado 17 de enero, en Madrid. // Foto: elconfifencial.com

A partir de ahora, Gobierno y CCAA van a crear un grupo de trabajo en el que cada autonomía tendrá un representante. Imaginamos que también se sumará el comisionado nacional que designe el Ejecutivo. Tanto García-Page como, sobre todo, Juan Vicente Herrera –el presidente de Castilla y León es el preboste autonómico más combativo en esta materia- insistieron en la necesidad de erradicar o, al menos, mitigar al máximo el hasta ahora imparable proceso de vaciamiento de los pueblos. “Es importante que el Gobierno de España comience a asumir que estos desafíos son un reto para todos. Instamos a que el Gobierno defienda que la Unión Europea incorpore la perspectiva demográfica a todas sus políticas”, sostuvo Herrera al término de la reunión. Y no sólo por motivos sociales o medioambientales, sino también por una elemental exigencia de raciocinio del gasto.

Page, según publicó El País, puso un ejemplo gráfico: mientras el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en el cinturón sur de Madrid, puede atender con cinco centros de salud a una población superior a los 100.000 habitantes, la provincia de Cuenca necesita habilitar hasta 35 centros de salud para satisfacer las necesidades en Sanidad de una población similar. La despoblación, además de un drama cultural de primer orden, abona los desequilibrios territoriales, exacerba las desigualdades y dispara el gasto en la medida que aumenta considerablemente el coste en la implementación de los servicios públicos básicos.

Sostiene el escritor Sergio del Molino, autor de La España vacía (Turner), uno de los ensayos más leídos en 2016, que el problema de «la despoblación es un problema tan grave que el Estado ya no puede hacer nada para combatirla» (La Opinión de Zamora). Es una visión no desenfocada pero sí quizá demasiado pesimista. Algo se puede hacer aún: mejorar la coordinación entre CCAA y diputaciones, planes a medio plazo, potenciar los recursos propios y las industrias agroalimentarias, impulsar el turismo rural, aplicar bonificaciones fiscales y ayudas al emprendimiento en las áreas extremadamente despobladas, distribuir mejor las ayudas europeas…

Está claro que ni Rajoy ni los presidentes regionales arreglaron la despoblación durante su último encuentro. Pero al menos tuvieron la decencia de no sortearla en el orden del día. Ahora falta que lleguen soluciones concretas con agilidad. Es decir, que no quede en agua de borrajas, que es a lo que el Estado nos tiene acostumbrados en estas cuestiones.