Mariano Rajoy junto a Dolores Cospedal, quien defendió la famosa indemnización en diferido de Bárcenas. Foto: abc
Por Celia Luengo
Llevaba tiempo pensando en escribir sobre este tema y en el último momento me echaba para atrás, es un asunto muy manido, del que no se puede decir nada nuevo, del que todos estamos hartos, me lo decía a mí misma y puede ser que hasta me lo creyera. Pero la realidad es que la trascendencia del tema requiere que hablemos, que no demos por sentado que está todo dicho, que opinemos desde todos los puntos de vista y todas las perspectivas que nos ayuden a entender cómo la corrupción ha podido instalarse de tal manera en el seno de un partido y cómo, además y a pesar de sus desmanes, ese partido sigue ganando elecciones.
Arturo Fernández es uno de los empresarios implicados en la trama Púnica
El diario digital elconfidencial.com lo expresaba muy gráficamente el pasado 18 de mayo cuando publicaba un artículo con el siguiente titular: “Al PP no le cabe ni un imputado más” tras conocerse el informe de la Guardia Civil que vinculaba a Cristina Cifuentes, actual presidenta de la Comunidad de Madrid, con la adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco perteneciente al empresario Arturo Fernández, uno de los principales implicados en la trama Púnica.
Curiosamente esa Cristina era la misma que unas semanas atrás se presentaba como adalid de honestidad y lucha contra la corrupción, algunos de sus compañeros incluso la señalaban como ejemplo a seguir por haber proporcionado a la Fiscalía información sobre las presuntas actuaciones delictivas de su compañero Ignacio González al frente del Canal de Isabel II. Pero eso era unos días antes, hasta que una nueva bomba informativa le estallaba en las manos al Partido Popular.
Ignacio González fue mano derecha y número dos en los Gobiernos de Esperanza Aguirre. Foto: elmundo
La corrupción en el seno de esta formación no es un asunto reciente y aunque parezca que fue ayer, ya han pasado cuatro años desde aquellos sms’s de Mariano Rajoy a Luis Bárcenas dándole ánimo y pidiéndole que fuera fuerte, o de aquella comparecencia de Dolores Cospedal defendiendo la indemnización en diferido del tesorero del PP.
Y quién nos iba a decir que después de él iban a venir tantos casos de corrupción más y de tal calado que iban a dejar a Bárcenas reducido a la figura de principiante. Y sino, que se lo digan a Rodrigo Rato, Jaume Matas, Francisco Granados, Ignacio González, José Manuel Soria o Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia.
La corrupción dentro del PP parece haberse instalado como algo estructural, una columna vertebral sobre la que se sustenta todo el partido. De hecho, es la primera vez en la historia democrática de nuestro país que una formación política está siendo investigada como partícipe a título lucrativo dentro de un caso de corrupción, el de la Gürtel. Tampoco tiene precedentes que un Tribunal llame a declarar a un presidente del Gobierno como testigo en el juicio que se sigue contra diferentes miembros de su partido por dar, siempre presuntamente, contratos públicos a cambio de dádivas y pagos.
Mensajes intercambiados por Mariano Rajoy y Luis Bárcenas entre los años 2011 y 2013
Sólo por estos dos hechos, Mariano Rajoy hace mucho tiempo que debería haberse planteado su dimisión, eso si no añadimos a estas razones sus famosos mensajes de apoyo a Luis Bárcenas o aquella gloriosa declaración en la que afirmaba que “hay que mirar hacia otro lado cuando hay que hacerlo y tener fortaleza en las circunstancias difíciles” o, lo que es lo mismo, se puede seguir aguantando el tufo de la corrupción simplemente con taparse la nariz, aunque la mierda siga oliendo.
No dejo de sorprenderme cuando escucho a Andrea Levy pregonar, y lo hace a menudo, que el PP ha conseguido aunar en sus nuevos estatutos mecanismos contundentes contra la corrupción, o que desde el Gobierno se ha impulsado el plan más ambicioso, completo y eficaz en esta lucha. Y es que a veces, ante los hechos y las evidencias, el silencio es el mayor acierto, o eso o pedir perdón a una ciudadanía que está cansada y asqueada de ver tanta inmundicia en el sistema público español. El último sondeo del CIS, realizado con datos de marzo pasado cuando aún no había sido detenido Ignacio González, registra un aumento del 7% en la preocupación de los españoles por la corrupción, con lo que este porcentaje se sitúa casi en el 45%. Y ya no sólo nos preocupa la dimensión de ciertos casos de corrupción en el mundo de la política sino que bajo ellos subyace otro peligro aún mayor, que esa corrupción contamine a otras estructuras claves para un Estado de Derecho como el poder judicial o los medios de comunicación. Ejemplos de que este riesgo existe tenemos algunos en las últimas semanas.
El PP se debilita, es verdad, pero sorprendentemente sigue ganando elecciones. Independientemente del color de cada uno, de la ideología, de quién sea cada uno, la corrupción no sólo hay que denunciarla, también hay que castigarla, y a los corruptos hay que echarles de la vida pública, más aún a aquellos que sin creer en lo público se lucran ilegalmente de él. Los ciudadanos tenemos en nuestras manos ese cambio necesario.
El hexágono de Guadalajara 