El privilegio de lo público

Por Borja Montero

Guadalajara había sido en los últimos meses el escenario de una de las noticias más llamativas, por lo arcaico de la misma, del panorama nacional. Resulta que, debido a unos viejos acuerdos de cesión, Guadalajara debía ofrecer al duque del Infantado el Palacio que lleva su nombre para su uso y disfrute siempre que lo solicitara, al que, gracias a una sentencia judicial no tan vieja, se ha convertido en la obligatoriedad de ofrecer una “solución habitacional” para que el noble dentro del emblemático inmueble, un mandato que fue tomado para sí por el Ministerio de Cultura, que inició los trámites para habilitar una vivienda en el torreón del Palacio. Esta decisión, tan estamental y feudal, parece que no va a llevarse a cabo ya que el Ayuntamiento de Guadalajara ha procedido a denegar la licencia de obras basándose en las normas urbanísticas vigentes en la ciudad.

El caso tiene su miga. A pesar de que hace ya varias décadas de que la sangre que corre por el palacio no es azul, sino que su uso ha sido público desde hace bastantes décadas, esta familia nobiliario decidió ejercitar los derechos que le reconocía el acuerdo de cesión del inmueble. Y es que los duques del Infantado, posteriormente mezclados con otras familias de rancio abolengo y con el título originalmente de los Mendoza perdido entre una larga lista de grandezas, llevaba décadas sin preocuparse (ni ocuparse, por tanto) por el Palacio. Primero, vendió una parte del inmueble al Ayuntamiento de la ciudad y, posteriormente, en un estado manifiestamente mejorable por el desuso, fue cedido al Ministerio de la Guerra para que habilitara un colegio de huérfanos, un uso que se mantuvo hasta que en 1936 fue bombardeado y casi totalmente destruido. El duque del Infantado no se apresuró a volver a poner en funcionamiento el Palacio sino que, a contrario, dejó el solar vacío hasta que en 1960, veinticuatro años después, fue la Diputación Provincial la que se hizo con su uso para reconstruirlo y abrir un museo, aunque finalmente fue el Ministerio de Cultura el que procedió a remodelación del inmueble y la que lo dotó de contenido: Biblioteca Pública, Archivo y Museo provinciales.

Así, lo que no decía el papel, en el que se han basado el duque para reclamar el derecho a una vivienda y la justicia para darle la razón, es que en las dos ocasiones en que se ha cedido el uso del Palacio, éste estaba en un estado casi ruinoso, cuando no completamente destruido, y que el único interés en que el inmueble recuperara su histórica grandeza y un posible uso han sido las distintas administraciones que, desde finales del siglo XIX, se han preocupado de darle vida, tanto en los arquitectónico como en lo social, desde el Ayuntamiento y la Diputación, a los distintos Ministerios implicado a lo largo de la historia y, más recientemente, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Por eso, como decía hace unas líneas, la sangre azul hace décadas que no fluye por las venas del Palacio, sino que es tan roja como la de todos los vecinos de la ciudad de Guadalajara con cuyos impuestos se han llevado a cabo las reconstrucciones, rehabilitaciones, reformas y obras varias durante más de cien años.

Es por ello que este pequeño revés a los planes del duque del Infantado de tener una vivienda particular dentro del Palacio tiene algo de justicia poética. El acuerdo está ahí, así como la sentencia, por lo que tarde o temprano habrá que proveer al noble de alguna solución habitacional, probablemente fuera del Palacio si se puede llegar a un acuerdo, pero este retraso, este traspiés, es una pequeña victoria de la sociedad civil y sus leyes, pretendidamente justas, sobre la prepotencia de esos viejos poderes dinásticos que siguen teniendo un peso importante en la vida pública y política, aunque menos evidente que en otras épocas; un espaldarazo para aquellos que creen que los viejos privilegios herederos de la sociedad estamental y que varios siglos después se perpetúan están caducos, sobre todo en los numerosísimos casos en los que, como aquí, las instituciones públicas han metido sangra, sudor y, sobre todo, dinero para dar vida a unos palacios, conventos, casas palaciegas, castillos y monasterios que. de otra manera, se habrían caído hace tiempo por su propio peso y por la falta de interés de sus propietarios, que, eso sí, reclaman sus derechos y, si pueden, se aprovechan de la situación.

Y es que las obras que se planeaban, en las que el Ministerio de Cultura, cuyo titular es también noble y, a la sazón, primo lejano del duque del Infantado, ya ha gastado 17.000 euros para la redacción del proyecto, no eran para reformar una habitacioncita que la familia nobiliaria pudiera utilizar de vez en cuando en caso de viajar a la ciudad, sino que se trataba de una vivienda de lujo en el torreón del Palacio, con varias plantas, las mejores calidades e, incluso, uso privativo del jardín en un edificio que, como hemos visto en los anteriores párrafos, no existiría si fuera por la mano del Ducado.

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