Una deuda moral aún por cumplir

Por Gloria Magro.

Los cuerpos de ventidos represaliados en la posguerra no reclamados por sus familias acaban de ser dignificados con una sepultura a cargo del Ayuntamiento de Guadalajara. Foto: D. Barbas

Durante décadas muchas familias solo pudieron acudir a rezar a sus muertos al cementerio el 1 de noviembre, único día del año en el que se abría el recinto civil. En este lugar, un espacio entonces oculto tras un muro en el Patio 4 o de Santa Isabel, tuvieron lugar cientos de ejecuciones sumarísimas a partir de 1939, una vez acabada la Guerra Civil. Los fusilados eran acusados de un único crimen, según se puede leer hoy en las sentencias: su filiación política a partidos y sindicatos de izquierda legales durante la Segunda República.

Con nocturnidad, como si fueran ladrones; saltando la tapia a escondidas, tirando por encima de ella las flores que pudieran portar desde sus pueblos o esperando para acceder a que cada año fuese el primero de noviembre, día en el que se exponían a insultos y reproches. Con indignidad y de tapadillo, así se acercaron durante muchos años a honrar a los suyos los familiares de los represaliados enterrados en el cementerio de Guadalajara aún a sabiendas de que el único crimen que habían cometido eran sus creencias y su militancia. Inhumados sin dignidad, en la mayoría de los casos sin lápida, arrojados a fosas comunes salvo que sus familias tuvieran medios para pagar una sepultura individual. Así han permanecido durante ocho décadas, objeto de homenajes privados primero, clandestinos después por cuenta de partidos políticos y sindicatos a partir de los años 1970. Muertos ocultos e invisibles hasta que las distintas asociaciones que trabajan por la recuperación de la memoria han reclamado en estos últimos años, en su nombre y en el de sus familias, el derecho a dignificar sus tumbas. Y también a que se reconozca que su compromiso con la libertad y la democracia les costó la vida.

Alcaldes tanto de Guadalajara como de otras localidades de la provincia, presidentes de la Diputación, concejales, militares fieles a la Republica y sobre todo campesinos de extracción humilde compartieron estancia primero en la cárcel y después destino final ante las tapias del antiguo lado sur del cementerio para acabar en su mayoría en las fosas comunes bajo los muros de piedra. La última de estas fosas que ha abierto este mes de octubre la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) a petición de algunas familias sigue dando cuenta de la injusticia cometida entonces y para la que aún no hay reparación jurídica o civil. Ni siquiera una placa colectiva e institucional que narre su historia y rinda homenaje sin excepciones a todos los que allí yacen.

Los registros del cementerio, los extractos del Tribunal Especial de Ejecuciones, los libros municipales de la época, los de las instituciones que ejecutaron el expolio derivado de la Ley de Responsabilidades Políticas y los procesos de Incautación de Bienes dan cuenta de forma sistemática «de la precisión de la maquinaria represora del régimen franquista en aquellos años», según explica Xulio García Bilbao, documentalista, investigador y socio del Foro por la Memoria de Guadalajara, la asociación pionera en la lucha por la reparación de esta injusticia en nuestra provincia. Junto con su hermano Pedro y el sociólogo Carlos Paramio, García Bilbao ultima estos días el segundo volumen sobre la represión franquista en Guadalajara. En el primero, (Ediciones Silente, 2010), recopilaban el listado exhaustivo de perseguidos por el régimen en la provincia, entonces cifrados en mas de seis mil. A día de hoy, sin embargo, llevan registrados los nombres de más de ocho mil afectados directamente por la represión y las depuraciones posteriores a la Guerra Civil. De ellos, 974 yacen en el cementerio de Guadalajara, entre fusilados y fallecidos de enfermedades y maltrato en la cárcel municipal. No son muertos anónimos ni desaparecidos, precisa este investigador, sino que sus procesos judiciales, su fusilamiento, la entrega de los cuerpos a las autoridades municipales y el lugar exacto y preciso de su inhumación se encuentra perfectamente documentado y localizado.

Recorro con Xulio García Bilbao el cementerio en una fría y gris mañana de finales de octubre en busca de esas tumbas, de esos lugares para la memoria y la reparación. La situación extraordinaria que vivimos debido a la pandemia ha llevado a muchas familias a adelantar este año su visita al cementerio. El habitualmente apacible recinto ha sido durante toda la semana previa al Día de Todos los Santos un continuo ir y venir de trabajadores municipales, marmolistas y familiares adecentando sepulturas, reponiendo flores y dedicando unas oraciones por anticipado para evitar posibles aglomeraciones durante el fin de semana. Cruzamos el primer patio, el más noble, para detenernos ante el monumento de la Hermandad de los Caídos (por Dios y por España), erigido en 1941 con la colaboración económica del Ayuntamiento y la Diputación de Guadalajara. Los restos de cuatrocientos fallecidos durante la guerra fueron sacados en 1940 de su ubicación provisional en la carretera de Chiloeches e inhumados en este lugar con los mayores honores, como correspondía en aquel momento a los fallecidos en el bando nacional.

Xulio explica que esa sepultura de marmol, digna, amplia y bien mantenida contiene los cuerpos de fusilados por tribunales republicanos, de soldados caídos en el frente y también de los 302 asesinados en la cárcel de Guadalajara tras el bombardeo de la ciudad por tropas franquistas el 6 de diciembre de 1936. Los registros de la época muestran que las instituciones pusieron sesenta mil pesetas para su construcción. Las familias, indica el historiador, en muchos casos se beneficiaron posteriormente de las prebendas que el régimen repartía entre los herederos de sus adeptos fallecidos en la contienda. En el mismo recinto y a escasos metros, en una sepultura de la época, señorial pero sin nombre, se encuentran los restos de Antonio Cañadas, fusilado en julio de 1939. Su delito, ser alcalde de Guadalajara democráticamente elegido, de Izquierda Republicana, y también Gobernador Civil de la provincia, Su historia es a día de hoy tan anónima como su tumba.

Tras su condena y fusilamiento, la familia de Antonio Cañadas fue multada y desposeída de sus pertenencias. «Les quitaron hasta los colchones«, cuenta el responsable del Foro por la Memoria de Guadalajara-; aún así, pudieron hacerse cargo del cuerpo y pagar una tumba individual y digna de Categoría 1, algo fuera del alcance de otras víctimas en su misma situación. Emilia Cañadas Dombriz (92 años), su hija, es la presidenta honoraria de esta asociación. Ante la ley es también la hija de un criminal pues la condena a muerte de quien fuera alcalde en dos ocasiones durante la Segunda República no ha sido revocada.

Bajamos hasta el recinto civil. Ya no está el muro, desaparecido a mediados de los años 1970 a instancias de Francisco Borobia, concejal del último Ayuntamiento franquista. En 1979 se instaló allí un monumento erigido por suscripción popular y cuya inauguración supuso el primer reconocimiento público, que no institucional, a los cientos de fusilados que yacían en las fosas apenas unos metros atrás, bajo la tapia. En la número 3 de esas fosas se han llevado a cabo los últimos trabajos de exhumación por encargo de la ARMH. Una entidad privada ha sacado los cuerpos, se ha hecho cargo de los restos y llevará a cabo su identificación. A un lado están las lápidas puestas ya en democracia por las familias y bajo las cuales, en las fosas que aún quedan por abrir, se hacinan intactos los cuerpos de varios cientos de represaliados más. La documentación oficial de la época que maneja el Foro por la Memoria da cuenta de quienes son, con que cargos fueron procesados, cuando los fusilaron y en que orden se encuentran inhumados. Los que se han extraído hasta ahora, desde que la hija de Timoteo Mendieta iniciara en 2013 el proceso legal de recuperación de los restos de su padre, amparándose en la justicia argentina, han sido devueltos a sus familias una vez identificados. De ellos, los ventidos que no fueron recepcionados por ellas recibieron sepultura el pasado 13 de octubre a instancias de la actual corporación municipal en una ceremonia solemne en presencia del alcalde, el socialista Alberto Rojo. Su nombre, sobre el panteón, ya no quedará en el olvido.

El equipo municipal actual siempre ha manifestado su compromiso con la dignificación de las fosas comunes del cementerio, la identificación de los restos y la ubicación de una placa institucional que reconozca tanto lo allí sucedido como el compromiso de los represaliados con la libertad y la democracia. En este sentido, la concejala responsable del recinto, Lucía de Luz, es clara al respecto: «creemos que es importante que el Ayuntamiento como institución coloque una placa y que sea institucional». Para llevarlo a cabo, la concejal expresa el compromiso del Ayuntamiento de Guadalajara de emplear fondos propios y de solicitar aquellas subvenciones que la nueva Ley de Memoria que pronto entrará en vigor pueda contemplar. Asimismo, desde su concejalía Lucía de Luz se pone a disposición de las tres asociaciones que vienen trabajando en el mismo sentido. «Nuestro objetivo es que la Historia no se pierda -afirma-. Es una cuestión de Justicia». La actual corporación socialista también tiene previsto poner en valor el muro ante el que se cumplieron las sentencias, así como convertir todo el recinto en un lugar de enseñanza y de recuerdo. Ambas medidas irían recogidas en los presupuestos de 2021 que se acaban de presentar.

El objetivo de Xulio García Bilbao va mucho más allá. Desde su asociación abogan por la ubicación de una placa institucional de reconocimiento a los allí enterrados que incluya tanto sus nombres como los de los partidos políticos y sindicatos bajo cuyas siglas fueron procesados y represaliados. Se trata de una pretensión que en su opinión no puede ni debe desligarse de su vertiente política y militante. Esta misma reivindicación la comparte con la Agrupacion de Familiares Víctimas del Franquismo, que desde hace años también trabaja por reivindicar los nombres de todos aquellos que aún permanecen en las fosas comunes, con independencia de lo que quiera hacer cada familia con sus restos una vez localizados. «Respetamos su decisión: buscar, exhumar… se trata de que se reconozca aquella tragedia y aquella infamia», puntualiza su responsable, Concepción de Luz, cuyo abuelo, Saturnino de Luz Médel, yace al final del Patio 4 del cementerio, en lo que hoy es un jardín con un monolito erigido sobre los cuerpos allí depositados a partir de 1943.

Ese recinto, hoy dignificado, se encontraba hasta las reivindicaciones de esta asociación convertido en un vertedero. Bajo el mandato del popular Antonio Román se pretendía ubicar allí tumbas perpetuas, a sabiendas de que a escasos metros bajo tierra se hallaban varios cientos de represaliados fusilados, junto con los restos de fallecidos con posterioridad en la cárcel o en el hospicio. «No querían ver los nombres de nuestros familiares, convirtieron la fosa en césped, sin nombres. Les negaron el nombre, el recuerdo», explica Concha de Luz desde su casa. En la actualidad se considera que es prácticamente imposible recuperar e identificar los restos que hay en esa franja ajardinada y muchas familias han optado por poner placas individuales. Las palabras libertad, democracia y lucha se leen en la mayoría de ellas.

Los sindicatos y partidos políticos también han reconocido de esta manera a los suyos represaliados, con placas, pero otros muchos reposan en tumbas anónimas. Por todo el cementerio se encuentran diseminados aquellos que pudieron ser recuperados por sus familiares tras los fusilamiento sin que a día de hoy nadie más que sus allegados, la fecha de enterramiento a modo de indicativo o la memoria de los historiadores pueda ubicarlos.

Devuelta en su día la subvención de sesenta mil euros obtenida por la Agrupación de Familiares para el proyecto de colocación de una placa conjunta con los nombres de todos ellos, sin distinciones, -iniciativa que fue a pleno municipal en 2017 presentada por Ahora Guadalajara con el apoyo del PSOE pero rechazada por el Partido Popular-, Concepción de Luz cree que es el momento de replantear de nuevo el proyecto, cuando la lista de represaliados es mucho más completa hoy que entonces y se cuenta con el apoyo del actual equipo municipal. Julio García Bilbao por su parte cree que además se debe exigir un homenaje institucional de carácter político, junto a la anulación de las sentencias judiciales que les condujeron a la muerte. Y también que sea el propio Estado el que se encargue de las exhumaciones bajo el amparo de una ley que resuelva todos los cabos sueltos que su aplicación ha dejado hasta hoy.

La Agrupación de Familiares Víctimas del Franquismo este año no plantará la bandera republicana el día de 1 de noviembre en ese trozo de césped junto al antiguo muro del Patio 5 y el osario; la pandemia aconseja prudencia y distanciamiento. A esa bandera se acercaron durante años los familiares que buscaban apoyo e información, germen de las asociaciones y reivindicaciones que condujeron a abrir fosas y recuerdos en el cementerio de Guadalajara. El próximo año tal vez haya un monolito con los nombres de todos los que allí reposan víctimas de la intolerancia de los que no compartían su ideal de democracia y libertad, ubicado en el marco de un homenaje institucional. Y tal vez, bajo el amparo de la nueva Ley de Memoria, no sean las asociaciones y empresas privadas quienes se hagan cargo de la búsqueda de los restos de los represaliados, sino el Estado en cumplimiento de una deuda moral con ellos y con sus familias.