Por David Sierra
El Gobierno de Castilla-La Mancha abría el pasado lunes un cuestionario, a través del portal de participación, para preguntar a la ciudadanía de la región sobre las cuestiones a desarrollar para elaborar su Estrategia Regional frente a la Despoblación. Con esta herramienta pretende encontrar las respuestas acerca de los servicios y los factores decisivos que llevarían a los ciudadanos a trasladarse a vivir a ciertas zonas del territorio autonómico, más concretamente en el medio rural.
A lo largo de 11 preguntas los encuestados pueden valorar sobre cuáles de las cuestiones prefijadas, tales como el acceso a servicios básicos -educación, sanidad y servicios sociales- en el medio rural; acceso a ayudas y subvenciones, atención a la infancia y apoyo a las familias; o aumentar la oferta de cultura y ocio, entre otras, debería actuar la Administración regional frente a la despoblación, así como por los principios que deberían guiar y recogerse en la Estrategia para tenerlo en cuenta en su proceso de elaboración.
Cualquiera que haya empleado algo de tiempo en rellenar el cuestionario habrá podido comprobar que todas las cuestiones que contempla y sobre las que los ciudadanos pueden opinar no aportan ningún elemento nuevo o diferenciador respecto a los objetivos y principios frente al reto demográfico que desde hace ya varios años vienen desarrollando otras organizaciones como los Grupos de Acción Local en su gestión de los fondos comunitarios procedentes de la Unión Europea destinados al desarrollo rural.
Acciones como ésta tienen como propósito obtener un consenso social y político para alcanzar un acuerdo de desarrollo para la puesta en marcha de unas medidas a medio y largo plazo que trasciendan los intereses partidistas y, sin embargo, todo apunta a que las acciones propuestas van encaminadas a una nueva era de dilapidación sin control de recursos públicos; en este caso bajo el emblema de la repoblación y cuyos resultados a tenor de los planteamientos e ideas que maneja el propio cuestionario tienen visos de ser muy pobres.
Al parecer, los errores del pasado siguen sin pasar factura y la apuesta por baterías de medidas a diestro y siniestro para formar una balsa de aceite impiden profundizar en el meollo del asunto y por el que ya claman los principales expertos en diferentes foros desde hace varios años e incluso décadas: la ordenación del territorio. En este sentido, es sencillo encontrar referencias y publicaciones de principios de este siglo en las que ya se introduce la ordenación territorial como el principal elemento para combatir las diferencias demográficas y socioeconómicas entre campo y ciudad con propuestas concretas como los sistemas de comarcalización, entre otras.
En la Feria Nacional para la Repoblación del Medio Rural, conocida como Presura, en su edición de 2018, una mesa redonda compuesta por diferentes especialistas en la materia ponía en la diana la reordenación territorial como elemento central para combatir la despoblación. “La ordenación territorial engloba a todas las demás medidas que se puedan poner en marcha para revertir el problema, y es un punto extremadamente controvertido en el nivel político”, subrayaba Jesús María Bachiller, profesor de Geografía de la Universidad de Valladolid. Y en ese sentido otros expertos, como Ignacio Molina de la Torre, ahondaban con afirmaciones tan contundentes como “la ordenación del territorio es eso que casi nunca ha funcionado, a lo que se le echa la culpa siempre cuando nunca se ha hecho ordenación de territorio en España”; o la planteada por la catedrática de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid, Mercedes Molina, refiriéndose a que “la repoblación sin ordenación supone un despilfarro de los recursos y de las inversiones”.
Hasta la fecha, la ordenación territorial regulada en Castilla La Mancha en los años de la bonanza económica y el ladrillazo no ha dado sus frutos para revertir la situación de la pérdida de población en el medio rural, y la brecha con respecto a los corredores industriales se ha acrecentado de manera notable a pesar incluso de la crisis económica. En cualquier caso, cualquiera de las propuestas planteadas a los ciudadanos para conocer su opinión a través de la citada encuesta está alejada de ofrecer una revisión del modelo de ordenación territorial actual y del cambio necesario para promover las inercias que permitan revertir la situación.
El planteamiento requiere una visión mucho más amplia que tenga en cuenta no sólo los aspectos económicos sino otros esenciales como la pérdida del arraigo, la inmigración, el envejecimiento poblacional, la innovación tecnológica, el fenómeno de la gentrificación e incluso el de la incipiente despoblación de los cascos antiguos de las propias ciudades tal y como sucede en la capital alcarreña. En definitiva, la demanda de una configuración territorial como rumbo sobre la que puedan plasmarse de manera efectiva las medidas a desarrollar y que bien podrían determinarse, entre otras iniciativas, mediante un cuestionario con planteamientos que no fuesen a la deriva.
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