Retos de Guadalajara en 2017

Estado de las obras en el Hospital. Imagen publicada ayer en su perfil de Facebook por Alberto Rojo, delegado provincial de la Junta.

Por Raquel Gamo

Hoy despedimos 2016, un año de transición que pocos o ningún proyecto de envergadura ha traído para Guadalajara, aunque sí ha supuesto el curso en el que se ha consolidado la vuelta a las políticas públicas en sanidad y educación, cuya orientación se había modificado notablemente en los cuatro años anteriores. El conflicto con el servicio de ambulancias o las listas de espera para una operación quirúrgica demuestran que aún queda un largo trecho por recorrer en lo que se refiere a la garantía del Estado del Bienestar en Castilla-La Mancha. Pero el cambio es sustancial. Conviene situar las cosas en su contexto.

En todo caso, 2017 está llamado a ser el año en el que algunos proyectos importantes para el desarrollo de Guadalajara se vean materializados. El punto de arranque o culminación, después de una interminable crisis donde la parálisis y los recortes de servicios fueron los protagonistas. Atrás quedan las políticas agresivas en Castilla La Mancha, especialmente, durante la etapa de Cospedal, contra la educación, con el cierre de escuelas rurales o la inacción con respecto al Campus de Guadalajara; la sanidad, con el intento frustrado de la clausura de las urgencias rurales; o la lapidación del sistema de dependencia regional, que llegó a ser de los más eficientes del país antes de la crisis. Un pasado reciente para olvidar. La Junta ha enderezado el rumbo y eso es una evidencia palmaria. Pero ahora falta concretar anuncios y promesas. Y falta presentar un proyecto de futuro para la región, más allá de determinadas inversiones.

Según el informe del Termómetro Económico del III trimestre, elaborado por la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha y la Universidad regional (UCLM), la economía castellano-manchega ha comenzado a despegar con un crecimiento del PIB este año del 3% y una bajada de la tasa de paro (22%, en el tercer trimestre). Sigue siendo un porcentaje alarmante y escandaloso, agravado por el recorte de derechos que supuso tanto la reforma laboral como el resto de medidas legislativas de la última legislatura. En todo caso, la tendencia evidencia que Castilla-La Mancha no es ajena al ritmo de recuperación económica del país. En este contexto, el Gobierno de Page ha dado síntomas de un cierto desgaste en los últimos meses a raíz del papel del presidente regional en la crisis del PSOE y también por los desencuentros públicos con Podemos, cuya ruptura del acuerdo de legislatura no se ha traducido –como era previsible- en una moción de censura a Page, pero sí en una ralentización del ritmo legislativo, incluido el bloqueo de los Presupuestos.

Pero, dejando a un lado la coyuntura política, está claro que en Guadalajara se espera que a lo largo de 2017 se acometan, con determinación y no a medio gas, una serie de proyectos que son centrales tanto para la capital como para el resto de la provincia. Repasemos algunos.

• Ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara. Es la infraestructura más demandada no sólo por los vecinos de la ciudad de Guadalajara sino de toda la provincia. Page no cerrará con éxito la legislatura si no hace realidad el nuevo Hospital, una infraestructura paralizada nada más llegar Cospedal a la Presidencia de Castilla-La Mancha en 2011. Desde el PSOE y el Gobierno regional asegura que las obras avanzan «al ritmo previsto». La realidad es que avanzan de manera más lenta de lo deseado. El nuevo hospital contará con las especialidades de cirugía pediátrica y medicina nuclear, responsables actualmente del 85% de las derivaciones a otros centros. La inversión el Gobierno de Castilla-La Mancha asciende a 120 millones de euros, una cantidad que el presidente regional presentó el pasado junio como muestra del “compromiso nítido” de la Junta con Guadalajara, “un compromiso como nunca tuvimos”. El reconocimiento de este hecho le honra. El PP denunció en verano que una tromba de agua provocó la inundación de la cafetería y el desprendimiento de parte del techo de la zona de Traumatología en el Hospital. El partido que más ha maltratado la sanidad pública en Castilla-La Mancha no es quizá la voz más autorizada para hablar de esto, pero en todo caso es evidente que el mantenimiento del Hospital de Guadalajara es deficiente y que las necesidades del área urbana de la capital hace tiempo que exigen una ampliación de este recinto. El plazo máximo inicial de las obras era de 16 meses. Si se cumple, Guadalajara tendrá un nuevo hospital a finales de 2017. Eso sí, lo tendrá con un párking de pago pese a la amplia demanda social que existía alrededor de su gratuidad.

• Convenio sanitario con Madrid. Una patata caliente a la que el Ejecutivo de Page aún no ha sabido hincar el diente. La rescisión del convenio sanitario que Cospedal suscribió con la Comunidad de Madrid está cargada de razones, la principal de las cuales es la gravosa carga económica que representa para las arcas de nuestra región. Pero, una vez dado este paso, Page está obligado a articular con Cristina Cifuentes un nuevo convenio que garantice la asistencia sanitaria en Madrid para los guadalajareños, una exigencia irrenunciable dada la cercanía geográfica y las prestaciones de la sanidad de la comunidad vecina. Cifuentes denunció a finales de junio que la Junta no cumple los compromisos reflejados en el anterior convenio y que no abona las cantidades pactadas. Es impresentable que en pleno siglo XXI dos gobiernos vecinos no sean capaces de llegar a un acuerdo estable en esta materia, que esté al margen de los cambios de color político en Madrid y Toledo. Todas las administraciones públicas están obligadas a acabar de una vez con las fronteras sanitarias. Para Guadalajara, especialmente para los ciudadanos del Señorío de Molina y la Sierra Norte, se trata de una cuestión vital. La Consejería de Sanidad no puede demorar más esta prioridad.
  

  Revertir los recortes en el servicio de ambulancias y establecer un nuevo convenio sanitario con Madrid deberían ser asuntos prioritarios para 2017. // Foto: http://www.ambuiberica.es

• Campus Universitario: Tras años perdidos, de idas y venidas, de reuniones, de convenios frustrados y de cambios de ubicación, la Junta anunció este año que acaba que el nuevo campus de la Universidad de Alcalá en la capital alcarreña entrará en funcionamiento durante el curso 2020-21 en el antiguo colegio de Las Cristinas. El proyecto contempla 4 anualidades, desde 2017 a 2020 con un presupuesto de 50 millones de euros. Y serán 115 aulas las que se integren en el nuevo campus. La ampliación de las instalaciones universitarias en Guadalajara en el centro supondrá revitalizar la imagen de una ciudad cuyo casco necesita una profunda revitalización. García-Page anunció que antes de final de año presentaría el proyecto del campus, pero no ha sido así. Falta este paso y falta que las obras se materialicen lo antes posible. El actual equipo de Gobierno de Castilla-La Mancha se juega gran parte de la legislatura en acometer este proyecto, largamente esperado en Guadalajara.

• Autovía de la Alcarria: Considerado un proyecto de Interés General del Estado, esta vía iba a transcurrir entre la A-1, Guadalajara y Cuenca. Fue planificada en 2007 por la Junta con el objetivo de descongestionar la N-320 e impulsar el desarrollo de la Alcarria Baja y la Alcarria Conquense. Sin embargo, la obra no se llegó a adjudicar, llegó la crisis y la iniciativa cayó en el olvido. Barreda aprobó la cesión del proyecto al Estado y Cospedal no hizo nada para reavivarlo. Sin embargo, este asunto ha dado un giro inesperado en las últimas semanas y volvió a ser planteado en la reunión que mantuvieron recientemente García-Page y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. El acuerdo pendiente de ejecución consiste en que Fomento se ocupe de llevar a cabo la Autovía de la Alcarria en el tramo de Guadalajara a cambio de que la Junta se encargue de la Autovía del Júcar. La construcción de esta vía ahorraría tiempo a los guadalajareños en sus desplazamientos al sur y el centro de la comunidad. Por cierto, durante su último encuentro, Page no planteó a De la Serna ni el desdoblamiento de la N-320 en Guadalajara ni la quimérica autovía de Molina.
  

  Emiliano García-Page y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, abordaron el proyecto de la Autovía de la Alcarria en su reciente reunión, de la que no salió ningún compromiso concreto. // Foto: JCCM

• Sistema de dependencia. Cuando García-Page llegó a Fuensalida en 2015, la dependencia volvió a ser un asunto prioritario para el gobierno regional, después de una legislatura de recortes en un sistema pública convertido en el cuarto pilar del Estado del Bienestar, además de la sanidad, la educación y las pensiones. Según el Observatorio por la Dependencia, Castilla-La Mancha era hasta 2011 la segunda comunidad autónoma que mejor aplicaba la Ley de Dependencia, de la que el pasado 14 de diciembre se cumplieron diez años desde su aprobación. La voluntad de reconstruir lo destruido se tradujo en un aumento sensible de los fondos destinados a este capítulo y el compromiso de tramitar durante el primer año todos los expedientes que estaban paralizados. La sintonía entre ambas partes parecía total y prueba de ello fue que el presupuesto para esta materia ascendió hasta casi 400 millones de euros en 2016, 24 millones más que el año anterior. Pero meses después surgieron los primeros desencuentros entre la Plataforma de la Dependencia de CLM y la Consejería de Bienestar Social. Desde esta entidad acusaron al Gobierno regional no sólo de incumplir sus promesas de investidura, sino de recortar las ayudas para cuidadores en el entorno familiar incluso más que a lo largo de la etapa de Cospedal. En concreto, el portavoz de este colectivo cifraba en más de 3.200 las prestaciones perdidas para cuidadores en lo que se lleva de legislatura. A esto hay que sumar la reiterada petición de la plataforma para que la Junta aprueba el nuevo decreto de reconocimiento de la situación de dependencia, comprometido hace ya 16 meses y que vendría a sustituir a la orden anterior, anulada por los tribunales. Y el año cierra con la reciente dimisión de la azudense Aurelia Jerez, presidenta de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en Castilla La Mancha. Ella ha aducido motivos personales pero es evidente que el clima de entendimiento entre la Junta y este colectivo es manifiestamente mejorable. Queda que el compromiso adquirido por parte de Page con los dependientes y sus familias tenga una traducción diáfana no sólo en los Presupuestos regionales de 2017.

• Parador de Molina. Ni está ni se le espera, aunque desde Tragsa deslizan que la cimentación del edificio es inminente. El Parador de Turismo de Molina de Aragón es la gran promesa incumplida tanto por el PP como el PSOE. Las obras no avanzan porque no hay presupuesto destinado a esta infraestructura hotelera. Y el Estado, como ya hemos dicho aquí varias veces, nunca ejecuta ninguna obra que no esté reflejada en sus cuentas públicas. Veremos si en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 se reserva alguna partida para este fin. El PP anunció la ejecución de las obras nada más acceder al Gobierno en 2011. Lo hizo a través del diputado por Guadalajara Ramón Aguirre, entonces presidente de la Sepi. Fue un espejismo. O un nuevo engaño. Luego, los populares cometieron la torpeza de rebajar el proyecto inicial para dejar la infraestructura en una especie de moderno hotel rural con apenas 22 habitaciones y un 75% menos de servicios que el proyecto original. Un Parador sólo cumple su función de motor de atracción turística si se concibe como un recinto de alta capacidad, tal como ha demostrado la experiencia de una cadena con casi un siglo de Historia. Pero, en todo caso, corresponde ahora al PP convertir el Parador en realidad, ya que la rebaja del proyecto fue la excusa esgrimida por este partido para garantizar la ejecución de la obra. Fue el propio ex ministro Soria el que apadrinó un proyecto que nada tenía que ver con las pretensiones iniciales. Guarinos vino a decir a los molineses: es esto o nada. Pero, de momento, ni esto ni nada.
  

  Manifestación para reclamar la construcción del Parador de Molina de Aragón. // Foto: http://blogdeoscarpardodelasalud.blogspot.com.es

• Implantación de la ITI en la Comarca del Señorío de Molina. A diferencia de Soria y Teruel, a Guadalajara con las ITI le pasa lo que a España con la Troika, que es una nomenclatura con la que no está acostumbrada. Pero eso no significa que no tenga importancia. La Junta apuesta decididamente por la estrategia de las Inversiones Territoriales Integradas (ITI) en la comarca de Molina de Aragón para reactivar la economía y recuperar población en la zona. De momento, sólo conocemos que los fondos se repartirán a través de los grupos de desarrollo local para mejorar infraestructuras y servicios, además de apoyar toda iniciativa empresarial que decida establecerse en la zona y contribuya a crear empleo. Pero para que la ITI sea realmente eficaz no basta con aplicar planes aislados ni perpetuar la cultura de la subvención. Las iniciativas deben aplicarse desde una perspectiva comarcal, que considere todas las necesidades en su conjunto en base a unos criterios racionales y sujetos a un calendario de ejecución. De todo esto no hay nada sobre la mesa. No hay aún medidas concretas, sino la promesa de canalizar más ayudas mediante el grupo de acción local de la comarca molinesa. Bien está, pero no es suficiente. Y, en todo caso, también convendría plantearse la necesidad de articular otra ITI en la zona norte de la provincia, dado que los problemas que arrastra –básicamente, la despoblación- son análogos.

• Liberar el peaje de la Radial 2. Despedimos este 2016 con otro escándalo: la quiebra de las autopistas radiales que se construyeron al compás de bonanza económica y la pésima planificación en infraestructuras del Gobierno de Aznar. Después estalló la crisis y el negocio se vino a pique, aunque en realidad las cifras de usuarios de las autopistas radiales que, en teoría, iban a descongestionar los accesos a Madrid, siempre fueron subterráneos. Las concesionarias aducen que sus autopistas no tienen clientes y pleitean porque el precio que abonaron en las expropiaciones fue mucho más alto del que tenían previsto. El resultado es gravoso para los ciudadanos, que son los que deberán afrontar la deuda de estas autopistas, que ronda los 5.000 millones de euros. El Mundo publicó en los últimos días que la factura del rescate de las autopistas en quiebra ascenderá a 50 euros por cada ciudadano. El caso es que el Estado firmó una cláusula que obliga a su intervención en caso de quiebra, un negocio ruinoso para las arcas pública. La cuestión que se plantea ahora es por qué no se ha puesto encima de la mesa la liberación del peaje, en el caso de la R-2, si no en la totalidad de la vía, sí al menos en la circunvalación de Guadalajara. La consejera de Fomento, la alcarreña Elena de la Cruz, sí lo ha pedido públicamente. Mucho nos tememos que esta exigencia, cargada de lógica y razón, caerá en saco roto en la sede de Castellana de Fomento. En cualquier caso, será un asunto al que se dé curso en 2017.
  

  Vista de la calzada de la R-2. // Foto: Europa Press.

• Trasvase del Tajo: Es el eterno reto, la permanente asignatura pendiente en nuestra tierra. Parece que en 2017 la situación no va a cambiar sustancialmente. Básicamente, por dos motivos. Primero, porque las administraciones siguen incumpliendo la legislación en esta materia de manera olímpica. Y, segundo, porque la presencia de Rajoy en La Moncloa garantiza un inmovilismo en esta materia. El Gobierno seguirá bombeando agua desde Entrepeñas y Buendía, la cabecera del Tajo seguirá desangrándose, los pueblos ribereños continuarán clamando contra lo que es una evidente injusticia y el statu quo alrededor de la política hidráulica seguirá siendo el mismo que hemos conocido en las últimas décadas. La postura del Gobierno de Castilla-La Mancha sí ha variado desde que Page llegó a la Presidencia. La Junta ahora, al menos, protesta en cada derivación y recurre la medida a los tribunales, lo que tiene un efecto muy limitado. En resumen, la guerra del agua continuará en 2017, aunque vistos los antecedentes no parece arriesgado presumir el perdedor.

• Tercera conducción de la MAS. La tercera conducción de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) recibió 12 millones de euros en los Presupuestos 2016. Esta actuación es fundamental para ampliar el abastecimiento de la MAS tanto a nuevos municipios como al Corredor del Henares hasta Alcalá. Esta obra, cuya financiación total supera los 60 millones de euros, permitirá transportar 1.500 metros3 de agua por segundo y, junto con las otras dos tuberías, garantizará el abastecimiento a 800.000 personas. La tercera tubería es una infraestructura imprescindible cuyo horizonte de ejecución alcanza el año 2012. No puede demorarse más. Lo peor es que le podría pasar a este proyecto es que acabe eternizándose entre despachos y presupuestos varios, tal como ha ocurrido con otras infraestructuras hidráulicas en la provincia como la red de Morillejo. Ningún representante del Gobierno ha garantizado que se vayan a cumplir los plazos.

• Palacio de Justicia de Guadalajara. El inicio de las obras del Palacio de Justicia, en Guadalajara capital, recibió casi dos millones de euros del Estado en 2016 de un proyecto global que alcanza los 15 millones. Los nuevos juzgados de Guadalajara se situarán al otro lado de la A-2 y, si se cumplen los pronósticos del ministro Rafael Catalá, será una realidad en 2019. Veremos. En cualquier caso, ambos proyectos, tanto la tercera conducción de la MAS como el palacio de Justicia, deben tener continuidad en las cuentas públicas para 2017, cuya aprobación se ha retrasado por el bloqueo político de los últimos meses.