
El ministro de Fomento, Íñigo De la Serna, ayer en Guadalajara. Foto: Ayto. Guadalajara
Por Álvaro Nuño.
Ayer visitaba nuestra capital el ministro de Fomento, el santanderino Íñigo de la Serna, titular de una cartera que tiene muchos asuntos pendientes en la ciudad y en la provincia. Como buscar una solución al nudo de Cuatro Caminos o la construcción de la variante de la N-320 entre el Hospital y Los Faroles -obra que, como adelantó, se pondrá en marcha en unos meses con un presupuesto de 75 millones de euros y que permitirá conectar la transitada carretera de los pantanos con la A2 circunvalando Guadalajara por el sur-.
De la Serna correspondía a una invitación del alcalde de la ciudad Antonio Román, con el que se vio ya el pasado mes de junio en la sede madrileña del Ministerio y donde ambos dirigentes populares abordaron varios asuntos relacionados con la ciudad. Pero esta no es la primera ni la segunda vez que el ahora ministro de Fomento y el alcalde de Guadalajara se ven. La relación de ambos es estrecha desde que coincidieran en la directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuando el primero era alcalde de Santander y presidente, y Román vocal de la Comisión Ejecutiva. Se supone que esa relación y la experiencia de De la Serna también como primer edil le hará más receptivo a los problemas que tiene la ciudad relacionados con su cartera.
Uno de los planteados por Román es el creciente malestar de la usuarios de la línea C2 de Cercanías, motivado por los continuos retrasos provocados por averías, falta de mantenimiento, de personal y un empeoramiento continuo de un servicio que, hasta hace uno años era eficaz, puntual y fiable. Cuando uno iba a Madrid, tenía tres opciones: el contaminante vehículo para quien lo tenga, con el consiguiente problema de aparcamiento; el autobús, en el que siempre se corre el riesgo de quedarte parado en la sempiterna retención (cuando no atasco) entre Torrejón y San Fernando, o usar el tren, que puede tardar un poco más -cada vez más porque cada vez para en más nuevas estaciones- pero del que se confiaba en su fiabilidad y puntualidad. Uno sabía que salía a una hora determinada de la estación de Guadalajara y que exactamente una hora y dos minutos después, llegaba a Atocha, pasara lo que pasara, con toda seguridad y puntualidad, características que la carretera no garantizaba y mucho menos en horas punta. Por contra, en los primeros 20 días del pasado mes de enero, se registraron incidencias que afectaron a 897 trenes. De todas estas, 257 ocasionaron retrasos y 238 acabaron directamente con la supresión de servicios, según cifras de un informe del sindicato Comisiones Obreras recogido por el PSOE en su solicitud de Change.org.
El tren de Cercanías, además, es uno de los cordones umbilicales de la ciudad y de la provincia con Madrid, una línea de comunicación vital y necesaria para miles de ciudadanos que la usan diariamente para ir y venir a sus trabajos o sus centros de estudio. Y, por tanto, nuestros representantes deben tenerlo señalado en rojo en sus agendas, cuando aparecen continuas quejas de sus usuarios en redes sociales y otros foros públicos.
Por eso Román traslado ayer al ministro «su interés por la mejora de los servicios ferroviarios y de Cercanías», recibiendo del ministro la única respuesta de que, desde enero de en el año 2017, la línea C2 experimentó un incremento del 12% en el número de viajeros, según reza la nota de prensa oficial emitida por el Ayuntamiento, en una información realmente escueta al respecto. Otros medios sí han recogido alguna declaración más en que De La Serna promete presentar un Plan de mejora el mes que viene, con una gran inversión por parte de su Ministerio, pero sin detallar cómo y cuánto influirá en Guadalajara.
Pero como ocurre con el tren, Guadalajara vuelve a ser la última estación porque los alcaldes madrileños del Corredor del Henares sí que saben más detalles de este plan desde la semana pasado por boca del secretario de Infraestructuras del propio Ministerio de Fomento, Manuel Niño -con parece que bastante más información que su jefe y dispuesto a contarla- en una reunión. Así, los ediles de Coslada, San Fernando, Alcalá y Torrejón saben ya que el plan del Ministerio incluye la construcción de una nueva estación de tren en el polígono de San Fernando, lo que no es buena noticia para Guadalajara porque otra parada más (pasarán de las 15 actuales a 16), aumentará de nuevo el tiempo del trayecto, además del número de viajeros en los convoyes. También les dijo que se incrementarán un 20 por ciento las frecuencias, que se mejorarán algunas estaciones y que se van a renovar en toda la red catenarias, vías, señalización e incluso trenes estando previsto poner 160 nuevos en todas las cercanías de Madrid. Lo que no tenemos claro en Guadalajara es si algunas de estas actuaciones -como el aumento de las frecuencias o la mejora de las estaciones- llegará a Azuqueca y Guadalajara o se quedarán en la vecina Comunidad. ¿Por qué si un Secretario de Estado informa de estas mejoras a unos alcaldes, no hace lo mismo una semana después todo un Ministro en un municipio que pertenece a la misma línea? ¿No lo sabía? ¿No lo quiso decir? ¿O es que estas mejoras no traspasarán la frontera de Madrid?
La reunión entre el Secretario de Infraestructuras y los alcaldes madrileños del Corredor se produjo -evidentemente- por el clima de queja generalizada por el deterioro del servicio por parte de los usuarios. De hecho, los ediles pidieron medidas de mejora inmediatas y no esperar a futuros planes, a lo que Niño contestó que los retrasos no suponen ni el 5% del servicio según los datos de 2017. Aquí, De la Serna, se limitó a dar datos de usuarios, lamentándose de que el tren de Cercanías es un servicio deficitario en el que sólo se ocupan dos de cada diez asientos de tren, situación que no se da en las horas punta, y que los ciudadanos sólo pagamos con el importe del billete el 60 por ciento del servicio y el resto lo asume el Ministerio «lo que supone un esfuerzo gigantesco». No será suponemos mucho mayor el déficit que el de la desértica autopista de peaje R2, incluida en el paquete de las radiales de pago rescatadas por el Gobierno y que costarán a las arcas públicas más de 2.000 millones de euros, para, después de ser saneadas, volver a manos privadas. Al menos el tren seguirá siendo público, o eso esperamos.