Incompetencias

Los presidentes de Madrid y Castilla-La Mancha firmando otro convenio, en este caso el de transportes. Foto: JCCM

Por Álvaro Nuño.

Domingo por la mañana. Sala de espera de Reanimación -«Rea» en el argot hospitalario- del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de la vecina Alcalá de Henares. Toda una familia está pendiente del estado de uno de sus miembros, enfermo de Crhon, una afección del tubo digestivo que se ha agravado por una hemorragia interna que no cesa. Los médicos del hospital alcalaíno no dan con su origen. Piensan que es una úlcera pero no logran localizarla. Mientras tanto, la situación del enfermo se agrava por momentos y sólo se remedia mediante transfusiones con bolsas de sangre.

Según informan a la desesperada familia, parece ser que se podría detener la hemorragia «embolizando» una arteria sangrante en el intestino delgado, a la que no se puede llegar ni por una gastroscopia ni realizando una colonoscopia. Para la operación es necesaria la participación de un radiólogo intervencionista, especialista del que el hospital alcalaíno carece, lo que obliga a derivar al paciente en una UVI móvil a otro de la Comunidad de Madrid, concretamente al Ramón y Cajal de la capital. Ahora hay que tramitar el correspondiente traslado y esperar a que allí le hagan hueco para llevar a cabo esta prueba-operación.

En la sala de espera cunde el lógico desánimo. Trasladarle en esas condiciones parece que tan adversas. El paciente y su familia directa residen en Alcalá pero el resto de la familia son de Guadalajara. A un pariente se le ocurre preguntar a un médico conocido del Hospital Universitario si aquí existe este tipo de especialista y si estaría de guardia -recordemos que todo se desarrolla en domingo-. Tras unas llamadas, se confirma que la plantilla del Hospital de Guadalajara no sólo cuenta con uno sino con tres radiólogos intervencionistas, que se cuenta con el aparataje adecuado y que incluso uno de ellos está de guardia y dispuesto a «reclamar» al paciente para poder tratarle inmediatamente. Los 26 kilómetros que separan ambos centros apenas se cubrirían en 21 minutos por la ambulancia, la misma distancia exacta que hay también al Ramón y Cajal, pero, a priorí se antoja más directo el hospital alcarreño por estar junto a la A-2, sin tener que meterse dentro de Madrid con sus habituales problemas de tráfico. Además, todavía no se sabe cuándo se dará vía libre al traslado desde allí.

Los familiares ponen en conocimiento de los médicos está circunstancia, pero el debate se resuelve rápidamente: «Guadalajara es otra comunidad autónoma. Vamos a intentar hacerlo aquí», sentencia uno de los facultativos, no sin antes darse por enterado del «enrevesado» plan que supondría atender a un vecino de Alcalá en estado grave en un centro de Castilla-La Mancha por muy cercano que esté. Entre otras cosas, deberían trasladar el expediente de manera tan urgente como al propio enfermo, salvando una parece que frontera administrativa infranqueable, la delgada línea que separa Meco y Azuqueca de Henares.

Desde Guadalajara siempre se ha defendido el convenio sanitario con la Comunidad de Madrid, lo que nos permite a los alcarreños ser atendidos en los hospitales madrileños en vez de realizar turismo sanitario por el resto de las cuatro provincias castellano-manchegas, mucho más alejadas que la vecina comunidad. Pero este hecho nos hace pensar, ¿ese convenio permite a los madrileños ser atendidos en un momento determinado como el sucedido el pasado domingo en nuestro hospital?

Evidentemente, mientras el paciente esperaba a ser trasladado al Hospital Ramón y Cajal entre las dos partes de la familia, la alcarreña y la alcalaína, apareció el debate sobre los inconvenientes de que las comunidades autónomas hayan creado sistemas sanitarios autónomos y parece que inconexos entre ellos desde que adquirieron las competencias en materia de salud, algo incomprensible para cualquier mortal. El mismo presidente Page así lo afirmaba en su visita a Guadalajara para presentar el futuro Centro de Salud de Los Valles. En el acto, informaba de que Castilla-La Mancha y Canarias habían decidido poner en marcha un proyecto pionero que permitirá intercambiar los informes de los usuarios de forma instantánea, facilitando la prestación del servicio y mejorando la atención al paciente por parte del profesional sanitario esté en una comunidad u otra.

El dirigente socialista confiaba públicamente en que este mismo sistema se extienda por las 17 comunidades autónomas del país como “un factor de igualdad extraordinario independientemente de donde haya nacido el paciente”. Sin duda hay que aplaudir estas palabras de Emiliano García Page defendiendo la atención sanitaria según las necesidades y no si se está a un lado o a otro de una mera frontera administrativa, como parece que ocurre entre Madrid y Guadalajara. De hecho, debería ser el Ministerio de Sanidad quien impusiera, si no ya la tarjeta sanitaria única para todo el país, al menos que los sistemas de cada comunidad autónoma fueran compatibles unos con otros y que, por ejemplo, cuando un castellano-manchego se traslade a estudiar a una universidad digamos andaluza, y tenga un tratamiento crónico, no se vea obligado a que su familia le tenga que estar mandando las recetas por correo periódicamente porque las farmacias andaluzas no reconocen la tarjeta del Sescam.

Si la tecnología lo permite y el sentido común lo dicta, el resto es voluntad política para intentar resolver las trabas y hacer la vida más fácil a los ciudadanos. No se está poniendo ni siquiera en tela de juicio las competencias en materia de gestión. Quién se haga cargo del traslado, si la ambulancia es del Sescam o del Summa de Madrid, si el pijama lleva un  logotipo u otro, incluso el coste de la prestación, deben ser temas menores cuando de la salud de los ciudadanos estamos hablando. Ya echarán cuentas unas comunidades con otras y se harán las transferencias monetarias acordes con el coste del servicio. Pero todo eso debe ser posterior a su prestación. No se debía consentir tener a una persona esperando en una cama a ser trasladado a un hospital ocupado cuando otro está libre a la misma distancia por el simple hecho de que se encuentra en una comunidad autónoma distinta y eso ya supone a los propios profesionales un verdadero lío.

Por cierto, todo se resolvió finalmente bien. El paciente fue trasladado al Ramón y Cajal, tratado y ya por la tarde devuelto de nuevo a su cama en el Príncipe Asturias de Alcalá.