Fraguas

colectivo-fraguas-tres

Dos de los repobladores de Fraguas rehabilitando un edificio en ruinas. // Foto: Colectivo Fraguas

Por Álvaro Nuño.

Bajo el lema “Fraguas revive: ¡repoblar no es delito! Contra la despoblación rural, pueblos vivos”, la Asociación de Repobladores Rurales de la Sierra Norte y la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara han convocado mañana sábado una manifestación en apoyo a los seis jóvenes denunciados  por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por repoblar sin permiso Fraguas, un pueblo abandonado en los años sesenta de esa zona de la provincia, y condenados por cometer un delito contra la ordenación del territorio y de usurpación, a un año y medio de cárcel, a una multa de 2.700 euros, a pagar la demolición de las casas construidas desde la primavera de 2013 sobre las ruinas de lo que fue un pueblo y a dejar como estaba la finca ocupada. Los manifestantes partirán desde la Consejería de Agricultura -que es el organismo que les ha llevado a juicio- a las 12 de la mañana y subirán hasta la Delegación de la Junta en la Calle Mayor.

Aparentemente, esta es una de esas pocas “causas románticas” de las que quedan por luchar. Un grupo de jóvenes llegados de la ciudad eligen un pueblo abandonado y derruido hace medio siglo en medio del monte, y deciden reconstruirlo y habitarlo. Sin que nadie les diga nada, sin permisos ni subvenciones de por medio, con sus propias manos, sin cometer barbaridades urbanísticas ni medioambientales, porque no se están construyendo chalets con piscina y praderas de césped, sino que han levantado las casas del poblado intentando usar los materiales y las técnicas de hace décadas, tratando de respetar, en la medida de lo posible, las características de esas viviendas, sencillas y primarias. Se les ha condenado por restaurar el cementerio y volver a hacer que manara agua de la fuente del pueblo, además de levantar una vivienda que cuenta con luz generada mediante paneles solares. Se habían propuesto vivir en comunión con la naturaleza, cultivando su propio huerto por ejemplo. Todo muy ecológico y sostenible. Incluso, los ahora condenados, decían contar con el apoyo de los vecinos de la zona y de antiguos pobladores de Fraguas, que fueron obligados en su momento a abandonar sus propias casas, como ocurrió en tantos otros pueblos de la provincia en unos tiempos en los que el ordeno y mando era la única ley.

El problema no parece venir del cómo sino del dónde. Fraguas se encuentra en un monte de utilidad pública en pleno Parque Natural de la Sierra Norte y la normativa es muy restrictiva y radicalmente conservacionista en este paraje impidiendo cualquier actividad urbanística en un suelo rústico que goza de especial protección. Los pobladores de Fraguas, además de ecologistas, son unos “okupas” y como este movimiento lleva por bandera, no se encomiendan ni a Dios ni al Diablo y hacen de su capa un sayo con la propiedad ajena y, en este caso, con la propiedad pública. Por tanto, un día aparecieron por allí y comenzaron a llevar a cabo sus planes, a construir su propio estilo de vida, sin pedir licencias ni permisos, y sabiendo además -como ratifica la sentencia- que lo que estaban haciendo no estaba permitido ni se podía permitir aunque hubieran pedido una licencia. Los propios guardas del Parque Natural fueron los que les vieron y la Junta, cumpliendo con su obligación de garante de la conservación de los bienes públicos, les denunció. La propia sentencia recoge que “por muy loables que puedan resultar los fines de los acusados de rehabilitar y repoblar una zona que presenta graves problemas de despoblación, dichos fines no pueden justificar los medios que han empleado”.

La Junta de Comunidades se ha visto pues obligada a actuar de mala de la película, presentándose como acusación particular, aun retirando el delito de “daños” durante el juicio, lo que podría haber acarreado a los acusados hasta cuatro años de cárcel. No parece tener mucha lógica acusar de daños a unas personas que justamente estaban tratando de hacer lo contrario, rehabilitar unas construcciones que estaban abandonas y derruidas desde hace cincuenta años. Seguro que pocos daños se les podría hacer ya en ese estado.

Y frente a los agentes medioambientales, la Guardia Civil y la Junta como administración competente, la sentencia -que es recurrible- ha levantado una auténtica ola de solidaridad con estos seis jóvenes, partiendo incluso de los propios socios del Gobierno regional, los diputados de Podemos. De hecho, su secretario general y vicepresidente de Castilla-La Mancha, José García Molina, visitó Fraguas y se reunió con los seis repobladores, mostrándoles su apoyo explícito. Y no sólo ha sido él. El caso de los repobladores de Fraguas ha trascendido los límites provinciales y regionales y se ha convertido en un juicio mediático en el que la causa cada vez ganaba más adeptos, como demostraron los autodenominados “repobladores” presentando a la Junta  73.000 firmas de apoyo -ya rozan las 82.000 en la plataforma Change.org– que de poco parecen haberles servido por el momento.

Parece poco probable que  la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el presidente  Page y el resto de autoridades responsables de la materia retiren la denuncia como piden estas miles de personas, porque podrían incurrir en un delito de prevaricación, pero si debería estar sobre la mesa de la Consejería de Agricultura, acciones o propuestas que permitan compatibilizar por un lado, el cuidado de la riqueza natural, la flora y la fauna, pero, por otro,  que los habitantes de la zona -estos u otros- no se vean abocados a huir a zonas urbanas -como ocurre hasta ahora- donde puedan disfrutar de una calidad de vida que en sus pueblos está restringida. En este sentido, el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Eusebio García Coronado, afirma que “sería conveniente revisar nuestros conceptos sobre ecologismo y medio ambiente y sobre las Zonas de Protección Especial en Suelo Rústico, con el fin de hacerlos compatibles con el desarrollo tecnológico y moderno del medio rural”.

También parecería un tanto ilógico -ya que está hecho- llevar a cabo la demolición de la parte del pueblo ya reconstruida, además de hacérselo pagar a sus propios constructores. Podría utilizarse para cualquier cosa, incluso conservarlo como recuerdo de lo que pudo haber sido pero, por razones legales, no puede ser. Y a los condenados, permitirles pagar esas multas con trabajos en beneficio de la comunidad, estos sí, ya autorizados y, si pudiera ser, manteniendo su espíritu de combate contra el despoblamiento del campo. Está claro que todas las acciones que intenten luchar contra el cáncer del abandono de nuestros pueblos, deben ser tenidas en cuenta, valoradas y trabajadas para convertirlas en realizables, con todas las de la ley, aunque eso implique cambiarla.

 

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios .