Cuestiones de Estado

 

El gobierno salido de las urnas deberá gestionar el trasvase Tajo-Segura // Foto: Archivo

Por Álvaro Nuño.

Viernes 26, último día de campaña previo a la jornada de reflexión del sábado 27 y a 48 horas del domingo de las elecciones, del 28 de abril, en el que todos los españoles y los guadalajareños tendremos la oportunidad de elegir con nuestros votos el futuro del país y de la provincia. Una campaña electoral en la que ninguno de los candidatos a ocupar la Moncloa ha pasado por aquí con sus caravanas electorales -puede ser que hayan pasado pero no se han dignado a pararse, ni siquiera a bajar la ventanilla para saludar-, ni tampoco ninguno de sus lugartenientes, llámense secretarios de organización, vicepresidentes o ministros, exceptuando claro está a la titular de la cartera de Trabajo socialista, Magdalena Valerio, que se presenta por la provincia en la que vive desde hace tres décadas.

La al principio tan cacareada importancia del voto en las provincias pequeñas, aquellas como la nuestra en las que el diputado sale «más barato» que en las grandes y que unidas pueden hacer decantarse la mayoría necesaria para formar gobierno de uno u otro lado, no parece haber sido razón suficiente para poner encima del tapete los problemas locales en los que el Estado parece tener la competencia o el presupuesto. Los periodistas más veteranos no dudan en calificar esta como una campaña «aburrida» en la que mitines y actos públicos han lucido por su ausencia frente a la presencia de los primeros espadas en la televisión nacional. Pero en el ámbito local, prácticamente todo ha quedado reducido a mesas informativas donde los candidatos repartían folletos en mano a los transeúntes. Y claro, todo eso ha llevado a que el debate sobre propuestas y acciones a llevar a cabo en Guadalajara se haya quedado reducido a la mínima expresión.

Dos de los candidatos, Julián Atienza, de Unidas Podemos, y Mari Ángeles Rosado, de Ciudadanos, seguro que no han podido hablar de las medidas que sus partidos proponen para combatir la despoblación tanto como les hubiera gustado, porque ellos la viven y padecen diaramente en dos pequeños municipios de la provincia, uno en La Toba y la otra en Sayatón.

Ciudadanos en este sentido ha hecho más énfasis en ventajas tributarias para asentar población, sobre todo joven y emprendedora -como la reducción fiscal del 60% que propone para los residentes en zonas rurales o la cuota reducida de 30 euros para mujeres autónomas-. Más unanimidad consigue la petición del aumento de servicios básicos en una zona que afecta al 80% de nuestra provincia aunque sólo al 20 por ciento de la población, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales o administrativos. Unidas Podemos y PSOE parecen coincidir en que las propuestas de medidas ya están encima de la mesa y son conocidas y aceptadas por todos pero que ahora lo que hace falta es dedicar el dinero suficiente para llevarlas a cabo. Un «Pacto de Estado contra la despoblación», lo llama Atienza, recordando que ya la FEMP lo elevó al legislativo en 2017, aprobándose entonces por unanimidad. Pero sirvió de poco porque el Comisariado de la Estrategia para el reto demográfco dice la candidata socialista, Magdalena Valerio, no comenzó a funcionar hasta que Pedro Sánchez no llegó a La Moncloa.

Justo lo contrario piensa la popular Silvia Valmaña, poniendo como ejemplo el Parador de Molina de Aragón, cuyas obras dice que estaban «avanzadísimas» y practicamente construido,  justo antes de la moción de censura, con la idea de que hubiera estado terminado e incluso entrara en funcionamiento para estas fechas. Pero llegó el PSOE y todo se paralizó de nuevo. Otro de los ejemplos de esta parálisis rural que pone la diputada popular es la recuperación del Plan 300 x 100, que trataba de extender la banda ancha y facilitar las conexiones por internet a todos los núcleos de población, pero que Valmaña dice que el PSOE también paralizó en sus diez meses de gobierno. Y es que una de las caraxcterísticas novedosas de esta campaña es que tanto PP como PSOE han compartido legislatura y, por tanto, igual que ellas se pueden tirar los trastos a la cabeza una a otra, los ciudadanos también podemos pedirlas cuentas a ambas de lo hecho o dejado de hacer en estos últimos cuatro años.

En lo que sí coinciden ambas candidatas es en su tesón para reivindicar las necesidades que nuestra provincia ante las autoridades competentes. «Los diputados y los senadores del PP nos hemos peleado mucho con el Ministerio de Fomento, al menos con el Gobierno del PP. Yo decía que nos iban a declarar personas non gratas» afirma Valamaña de los tres últimos años de Mariano Rajoy como presidente. «Yo he sido «mu cansina», como diría José Mota, dando la vara con todas las actuaciones de Guadalajara a los ministros», confiesa Valerio de sus diez meses como titular de Trabajo, por ejemplo denunciando los  problemas del cada vez más deficiente servicio de Cercanías entre Madrid y Guadalajara. Y esta es otra de las peticiones que los ciudadanos de cada circunscripción deberíamos pedir a nuestros futuros representantes, que defiendan los intereses de la provincia en todos los ámbitos, tanto institucionales, como políticos, aunque sea por encima de los de sus propios partidos llegado un conflicto territorial de intereses.

La despoblación sería una de estas cuestiones, pero de ello se ha hablado como mucho en la España vaciada. Y también el perenne asunto del trasvase parece no haber salido de los límites provinciales. Si en Murcia y Levante hay unanimidad en su defensa, los candidatos de Guadalajara varían sus posiciones, desde la solicitud de su derogación y del final de la política trasvasística que defiende Atienza hasta el etéreo e inconcreto Pacto Nacional del Agua con el que se escudan el PP y Ciudadanos cuando se les ha preguntado por este asunto. «El trasvase no se puede cerrar. Tiene que seguir. Yo me pongo en la piel de un agricultor murciano padre de familia y no me pueden quitar mi medio de vida» ha llegado a decir la candidata de Ciudadanos. «Tenemos que ser solidarios con nosotros mismos», dice por su parte Magdalena Valerio, que como única ministra que ha habido de Guadalajara, también ha sido la única política local que ha aprobado derivaciones de agua a Levante como miembro del Consejo de Ministros, el organismo facultado para hacerlo. «Somos partidarios de que cada vez funcionene más las desaladoras y menos los trasvases», dice Valerio en ese punto intermedio entre el sí y el no.

Y si en la provincia, la despoblación y los trasvases han ocupado algo del debate electoral local entre los candidatos a representarnos, en la capital, el partido municipalista Aike ha decidido hacer estas semanas su propia campaña de las Generales aunque no se presenta a ellas, recordando a políticos y votantes cuestiones no resueltas en Guadalajara y que son competencia del Estado, como el desdoblamiento de la carretera N-320, la mejora de las conexiones con Madrid a través del transporte público, el famoso pisito del Duque en el Palacio del Infantado -invitando aquí a los guadalajareños «a votar a aquellas opciones que lleven en su programa no permitir un pisito particular en el monumento”– y la cesión del uso por parte de Instituciones Penitenciarias de la antigua Prisión Provincial para detener su deterioro y propiciar su rehabilitación. Y en esta última, Antonio Román, en su doble condición de candidato al Senado y a la Alcaldía por el PP, parece haber recogido el guante y anunció estar dispuesto a convertir la cárcel en una residencia de ancianos o en un espacio joven después de conseguir su cesión al Ayuntamiento.